MANAGUA, 27 May. (EP/AP) -
El gobierno de Nicaragua informó el sábado que se mantiene en alerta ante las posibles violaciones de Derechos Humanos que puedan sufrir sus nacionales en Costa Rica tras la decisión adoptada por el Gobierno nicaraguense de "militarizar" la frontera entre ambos estados.
La reacción nicaragüense surge en respuesta a las declaraciones del ministro de Seguridad costarricense, Fernando Berrocal, a medios de prensa en San José, en las que aseguraba que se pretendía "militarizar la zona fronteriza con Nicaragua".
Un comunicado de la cancillería aseguró que Nicaragua "ha visto con gran inquietud" las declaraciones de Berrocal y, por lo tanto, "se mantendrá vigilante con relación a cualquier afectación a los Derechos Humanos de los inmigrantes nicaragüenses, así como a cualquier otra situación que pretenda generarse en detrimento de las soberanía, derechos e intereses de la república".
Ratifica, sin embargo, "su respeto a las medidas que puedan adoptar terceros Estados en materia de seguridad". Nicaragua y Costa Rica tienen pendiente un juicio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda por la navegación del Río San Juan.
Nicaragua alega que tiene plenos derechos de soberanía sobre todo el río y que si bien Costa Rica puede navegarlo en cierto trecho sólo puede hacerlo con objetivos comerciales y sin barcos armados. Por otra parte, Caldera refutó el viernes las declaraciones del ex candidato presidencial costarricense, Ottón Solís, respecto a que es ilegal que las autoridades nicaragüenses cobren a Costa Rica por el tránsito de turistas por el río que desemboca en el Mar Caribe y que es una zona protegida.
Caldera insistió en que el Tratado Jeréz-Cañas de 1858 únicamente permite a los costarricenses la navegación en un trecho del río sólo con objetos de comercio.