MANAGUA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Contraloría General de la República (CGR) estableció este jueves la presunción de responsabilidad penal contra el ex presidente de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), Roberto Zelaya Blanco por el presunto perjuicio económico de 30 millones de córdobas (1,294 millones de euros) en detrimento de dicha institución.
El Consejo Superior de la CGR firmó por unanimidad una resolución en la que también se establece presunción de responsabilidad penal contra el ex gerente general de la empresa portuaria, Luis González.
También la CGR encontró meritos para establecer responsabilidades penales y administrativas contra los ex miembros de la junta directiva de dicha empresa estatal, según informa la prensa nicaragüense.
Los contralores enviarán a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía toda la documentación del caso para que se proceda a enjuiciar a los señalados.
La figura de presunción de responsabilidad penal es la sanción más severa que aplica la Contraloría como castigo por daño severo al Estado. Esta resolución será enviada a la Procuraduría y a la Fiscalía para que entablen un juicio contra los implicados.
El contralor Luis Angel Montenegro leyó la resolución en la que se presume responsabilidad penal del ex presidente ejecutivo de la EPN, Roberto Zelaya Blanco y el ex gerente financiero Luis González Barberena, quienes trabajaron en esa institución hasta hace solo tres meses.
Los fiscales de las cuentas estatales extendieron la resolución a cinco funcionarios y ex miembros de la junta directiva de la EPN, "por el daño patrimonial realizado de manera intencional a la empresa".
Roberto Zelaya Blanco fue acusado de realizar transferencias de cuentas de la EPN a otras cuentas bancarias personales, sin presentar soportes de esas transferencias. El auditor interno de la empresa, Noel López, se encargaba de falsificar documentos que establecieran la legitimidad de estas transacciones.
Montenegro dijo que enviarán a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la República toda la documentación del caso para que se proceda a enjuiciar a los señalados.
Hace unos meses la Procaduría solicitó la investigación de Zelaya por supuestas irregularidades administrativas y financieras que sucedieron durante su gestión de la empresa estatal.
La procuraduría denunció a Zelaya Blanco y otros funcionarios por los delitos de "infidelidad en la custodia de documentos, fraude, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita para delinquir en menoscabo del Estado de Nicaragua", dice la resolución.
La Contraloría señaló también que la central de la EPN trasladaba a las dependencias periféricas cheques emitidos como transferencias de fondos y viceversa, por sumas millonarias en moneda local en concepto de gastos operativos, que su vez fraccionaban los cheques en dos o más emisiones a favor de terceros funcionarios.
Las investigaciones determinaron que estas transferencias no se depositaron en las cuentas de la empresa portuaria por lo que estas operaciones no se registraban en la contabilidad de la EPN.