MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua ha presentado este jueves ante la Asamblea Nacional una reforma constitucional para instaurar la cadena perpetua para los delitos de odio.
La iniciativa, que busca enmendar el artículo 37 de la Carta Magna, ha sido introducida durante la sesión de este jueves tras ser firmada por los 70 diputados del FSLN, según informaciones del diario 'La Prensa'.
El cambio supone la eliminación del límite de 30 años de cárcel para los delitos graves y busca establecer la cadena perpetua para los delitos de odio, siguiendo la petición del presidente, Daniel Ortega.
El artículo 37 de la Constitución señala que en Nicaragua no se contemplan penas que, de forma aislada o en su conjunto, sumen más de 30 años, limite que sería derogado en la reforma planteada por el FSLN.
El pasado 15 de septiembre, Ortega pidió a la Corte Suprema de Justicia trabajar en las propuestas sobre la cadena perpetua para cambiar el sistema penal y condenar a aquellos que "cometan crímenes atroces y de odio".
Su discurso está dirigido, en gran medida, contra los sectores opositores que exigen justicia por el uso excesivo de la fuerza en el marco de las protestas contra el Gobierno registradas desde abril de 2018.
La Junta Directiva de la Asamblea nicaragüense se ha reunido este mismo jueves para discutir la agenda de la próxima semana, que incluirá dar curso a la reforma constitución y concretar la aprobación de la llamada 'Ley Mordaza', la legislación contra los delitos cibernéticos que, según voces disidentes, criminaliza las publicaciones en redes sociales y medios de comunicación.
A mediados de septiembre, cientos de ciudadanos nicaragüenses firmaron la carta del Gobierno dirigida a la Corte Suprema y Asamblea Nacional en señal de apoyo a la solicitud del Gobierno de instaurar la cadena perpetua para delitos de odio.
El texto refleja el impacto, conmoción, rechazo, indignación y repugnancia entre la sociedad nicaragüense que provocan este tipo de delitos y que "constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos de las víctimas y familiares" de aquellos que son objetivo de los mismos, tal y como insiste el Gobierno.
El documento pide sancionar a los culpables de estos delitos con una pena a cadena perpetua por considerar que las penas actuales para estos delitos no son proporcionales al daño que causan.