Publicado 23/09/2020 22:06CET

Nicaragua.- El Parlamento de Nicaragua debate una ley para regular las actividades que cuentan con financiación exterior

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Nicaragua está estudiando la aplicación de una ley de Regulación de Agentes Extranjeros que permita controlar las actividades de aquellas personas o empresas que reciban financiación del exterior, según ha explicado este miércoles el presidente de a Cámara, Gustavo Porras.

"La presente iniciativa de ley tiene como objeto establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses de financiamiento externo y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencias de los gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado", señala el anteproyecto, según informaciones del Canal Cuatro.

El texto ha sido presentado con la firma de más de 65 diputados y se encuentra actualmente en fase de consulta. Tal y como ha explicado Porras, un "agente extranjero es una persona natural o jurídica, nicaragüense o de otra nacionalidad, que dentro de Nicaragua recibe fondos o cualquier objeto de valor proveniente directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras".

Así, ha aclarado que el futuro texto jurídico no tendrá nada que ver con las remesas, inversiones, actividades empresariales y financieras, así como lo convenido en tratados comerciales existentes o por suscribirse.

"Estamos en el proceso de que se presentó (el anteproyecto) a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, la cual está preparando un cronograma (de consultas a organismos implicados en el tema)", ha apuntado.

Entre esas entidades ha mencionado los ministerios de Fomento, Industria y Comercio, Hacienda, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha insistido en la necesidad de realizar todas las consultas pertinentes con el objetivo de aprobar una ley de consenso.