Publicado 03/06/2021 16:08CET

Nicaragua.- Relatores de la ONU denuncian una ola de ataques contra defensores de los Derechos Humanos en Nicaragua

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Relatores de Naciones Unidas han denunciado un aumento de los ataques y detenciones arbitrarias de defensores de Derechos Humanos de Nicaragua y han instado a Gobierno de Daniel Ortega a no "criminalizar" prácticas "legítimas" como la participación en manifestaciones pacíficas.

La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, ha pedido a las autoridades nicaragüenses que se abstengan de "iniciar procesos penales basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas", en un mensaje secundado también por los expertos sobre tortura y otros tratos crueles, derecho de reunión, disfrute de la salud física y mental y protección por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Los expertos coinciden en que el aniversario de las movilizaciones de 2018 han supuesto un aumento de la represión, en un momento en el que "la labor de las personas defensoras (de Derechos Humanos) es más esencial que nunca", en palabras de Lawlor. En este sentido, ha instado en un comunicado al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para garantizar derechos y libertades básicos de cara a las elecciones de noviembre.

La relatora ha puesto como ejemplo de la citada represión varios casos, entre ellos el de Celia Cruz, una mujer transexual arrestada en abril de 2020 en Omepete y que fue recluida en una prisión para hombres, expuesta a agresiones sexuales y violencia verbal. No fue liberada hasta un año después, en abril de 2021.

Asimismo, ha aludido a la detención del líder estudiantil John Christopher Cerna Zúñiga, arrestado en febrero de 2020 y condenado a doce años de cárcel por tráfico de drogas, aunque él alega que la causa guarda relación con su activismo.

La relatora, que está en contacto con el Gobierno de Nicaragua, ha advertido de que los dos activistas habrían sufrido malos tratos, agresiones físicas, verbales y sexuales y falta de acceso a medicamentos y servicios médicos básicos en prisión. Además, las personas que protestan contra el Gobierno habrían sido recluidas en celdas de máxima seguridad con mayor vigilancia, registros y aislamiento.

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