MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ONG Amnistía Internacional (AI) denuncia que las autoridades nigerianas no han llevado ante la justicia a los responsables de la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos en octubre de 2020, quienes salieron a las calles bajo el lema #EndSARS para pedir el fin de la brutalidad policial, cuando se cumplen 100 días del ataque.
Además, la ONG lamenta que, desde el asalto de las fuerzas de seguridad --en el que murieron al menos 12 personas-- "las autoridades nigerianas han puesto en el punto de mira a los simpatizantes de las protestas contra la brutalidad policial de la disuelta Brigada Especial contra el Robo (SARS, por sus siglas en inglés)".
En este sentido, "los sangrientos sucesos" que acontecieron el 20 de octubre de 2020 en Lekki y Alausa, dos distritos situados en el suroeste del país, "han arrojado una sombra sobre la sociedad nigeriana que perdura hasta hoy", ha lamentado el director de AI Nigeria, Osai Ojigho.
Ojigho ha puesto de manifiesto que, "en lugar de llevar a los presuntos autores ante la justicia y dar prioridad a auténticas reformas policiales", las autoridades han abusado de sus poderes para someter a quienes apoyaban las protestas.
Sigue insistiendo, 100 días después, en que "los responsables de los homicidios deben ser llevados ante la justicia", y además AI pide a las autoridades que suspenda a los funcionarios acusados, a la espera de las investigaciones, y que garantice que las víctimas acceso a la justicia y a recursos efectivos.
Las autoridades continúan prohibiendo las protestas, incide la ONG, a pesar de sus obligaciones en virtud de la Constitución del país africano y de los tratados internacionales de permitir las reuniones pacíficas.
Y no solo eso, remarca AI, sino que los informes que han podido recoger de todo el país señalan que la brutalidad policial continua estando generalizada a pesar de las promesas de cambio que derivaron de las protestas pacíficas.
Por último, la ONG recuerda al Gobierno nigeriano que, siguiendo el Derecho Internacional, debe llevar a cabo "investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes, imparciales y efectivas sobre las violaciones de los Derechos Humanos de los manifestantes, incluido el derecho a la vida, como las cometidas en Lekki y Alausa, así como en otras partes del país, y que identifiquen y lleven a los presuntos autores ante la justicia en juicios justos".
Las movilizaciones arrancaron para protestar contra los abusos del controvertido Escuadrón Especial contra el Robo (SARS), aunque una vez disuelto, continuaron para exigir una reforma profunda en el seno de las fuerzas de seguridad para impedir que los mismos hechos de brutalidad se repitan.
A nivel nacional, murieron al menos 58 personas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según la organización, aunque las autoridades siguen negando que hubiera fallecidos en las protestas.