MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha reclamado este viernes a Nigeria que "deje de negar la verdad" en la masacre de manifestantes en octubre de 2020 en la ciudad de Lagos y que "se centre en corregir sus errores".
Un panel de investigación creado tras la muerte de cerca de 50 manifestantes a manos del Ejército durante una protesta contra la violencia policial en la ciudad de Lagos ha determinado en su informe final que lo sucedido fue "una masacre" por parte de los militares.
El informe choca frontalmente con las negativas emitidas por el Gobierno y el Ejército sobre el papel de militares del Batallón 65, acantonado en el campamento de Bonny y liderado por Sanusi Ovada Bello, sobre excesos y crímenes contra los manifestantes.
"El panel ha confirmado la represión de manifestantes que estaban frente a la crueldad de la fuerza policial de Nigeria", ha dicho Anietie Ewang, investigadora de HRW en el país, quien ha pedido además a las autoridades que "publiquen oficialmente el informe y actúen en línea con sus conclusiones".
HRW indicó tras su propia investigación que los soldados rodearon a los manifestantes en el puesto de Lekki antes de realizar disparos al aire y abrir fuego directamente contra ellos, tras lo que la Policía llegó al lugar y continuó con los disparos.
"Si bien las conclusiones y recomendaciones del panel son un paso positivo hacia la justicia, no serán efectivas sin una acción inmediata por parte de las autoridades", ha señalado Ewang.
"Las fuerzas de seguridad, con apoyo de las autoridades federales y las del estado de Lagos, deben poner en marcha inmediatamente medidas para juzgar a los responsables de abusos para que rindan cuentas", ha remachado.
El panel acusó al Ejército y la Policía de intentar ocultar lo sucedido y resaltó que no había "justificación" para el despliegue de militares en una protesta pacífica. Asimismo, dijo que los soldados impidieron incluso que los heridos recibieran atención médica, lo que pudo aumentar el número de fallecidos.
Por otra parte, el informe carga contra la Compañía Concesionaria de Lekki, que gestiona el puesto, por "negarse a dar alguna información y pruebas útiles y vitales, tal y como había pedido el panel y el experto forense designado por el mismo, a pesar de que estos datos estaban disponibles, según la propia compañía".
En esta línea, acusó a la empresa de manipular los vídeos de las cámaras de seguridad, algo que fue denunciado por activistas y manifestantes poco después de los sucesos, durante los cuales se apagaron las luces en la zona y se desactivaron estas cámaras de seguridad.
Las movilizaciones arrancaron semanas antes para protestar contra los abusos del controvertido Escuadrón Especial contra el Robo (SARS), ya disuelto, tras la publicación de un vídeo en el que miembros de este grupo golpeaban hasta la muerte a un hombre en la ciudad de Ughelli, en el estado de Delta.
A pesar de su disolución, las protestas continuaron para reclamar una reforma en el seno de las fuerzas de seguridad y que los responsables de abusos fueran juzgados.
Las autoridades nigerianas anunciaron inmediatamente después de la disolución del SARS la creación de una nueva unidad --Unidades y Tácticas Especiales (SWAT)-- para "llenar los huecos" dejados por el SARS y agregaron que los agentes desmovilizados recibirían "entrenamiento y reorientación antes de ser redesplegados para tareas policiales generales".