MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Presidencia de Filipinas ha felicitado este lunes a la periodista Maria Ressa por el Premio Nobel de la Paz que le fue entregado hacer tres días por su labor profesional, al tiempo que ha negado que haya censura a los medios de comunicación en el país asiático.
"Felicitamos a Maria Ressa. Es una victoria para una filipina y estamos contentos por ello", ha manifestado el portavoz de la Presidencia filipina, Harry Roque. "No es una bofetada (a las autoridades)", ha agregado.
"No hay censura a los medios y el Premio Nobel demuestra eso", ha resaltado Roque, tal y como ha recogido la cadena de televisión filipinas GMA. Sin embargo, el portavoz de la Presidencia filipina ha recordado que Ressa tiene casos abiertos ante la justicia del país.
Así, ha hecho hincapié en que "es cierto que hay personas que sienten que Maria Ressa aún tiene que limpiar su nombre ante los tribunales" y ha añadido que "está condenada por difamación a través de medios informáticos y aún hace frente a otros casos en Filipinas", según ha informado la agencia alemana de noticias DPA.
El galardón fue concedido el viernes a Ressa y al periodista ruso Dimitri Muratov por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión y el periodismo independiente y, por extensión, la democracia y la paz.
Ressa participó en 2012 en la fundación del portal Rappler, crítico con el Gobierno de Rodrigo Duterte y con actuaciones como su 'guerra contra las drogas', investigada por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI).
La periodista fue condenada en junio de 2020 junto a su compañero de profesión Reynaldo Santos por un artículo publicado por Rappler en mayo de 2012 en el que se relacionaba al empresario y demandante Wilfredo Keng con el tráfico de personas y el contrabando de drogas.
Aquel texto se publicó cuatro meses antes de que el Gobierno promulgara una ley contra la ciberdifamación en septiembre de 2019, lo que ha generado las críticas de varias organizaciones de prensa y de Derechos Humanos al considerar que la legislación es un nuevo intento de silenciar a periodistas y críticos de Duterte.