MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Nueva Zelanda ha detallado este sábado que, con motivo de reducir el número de armas semiautomáticas de tipo militar que circulan sin control por la isla y tras el ataque terrorista de un supremacista blanco a dos mezquitas en marzo, los ciudadanos del país han hecho entrega de 56.250 de armas de fuego "ilegales" y 194.245 piezas.
Después del ataque de Christchurch, en el que un hombre asesinó a 51 personas e hirió a otras 50, el Gobierno de Jacinda Adern anunció en abril una nueva legislación que recoge penas de hasta cinco años de prisión para aquellas personas que estén en posesión de este tipo de armas de fuego de alto calibre.
En ese sentido, el Gobierno de la isla pidió colaboración a sus ciudadanos, a los que se les reembolsaría una cantidad cercana al 95 por ciento del valor de las armas entregadas al Estado para su posterior destrucción, ha explicado el portal de noticias neozelandés Stuff.
La acción del Gobierno ha provocado las muestras de rechazo de la oposición y del lobby armamentístico, que han catalogado la medida de "fracaso", puesto que al no existir con anterioridad un registro de armas de estas características en el país, la Policía es incapaz de saber cuántas armas siguen circulando, han dicho.
La Policía ha estado barajando cifras en torno a 56.000 y 173.000 armas de este tipo. Sin embargo, la oposición ha defendido cantidades mayores que podrían moverse en un margen de entre 170.000 y 240.000.
En ese sentido se ha manifestado la portavoz del Consejo de Propietarios de Armas de Fuego con Licencia (COLFO), Nicole McKee, cuya organización considera que al menos "dos tercios de las armas de fuego prohibidas no han sido dadas por sus propietarios".
Si bien la Policía ha asegurado que el número de armas que han sido entregadas están bajo los parámetros que ellos han manejado gracias a la ayuda de una consultora externa, el ministro de la Policía y de Hacienda, Stuart Nash, ha puntualizado que el propio cuerpo de seguridad "ha advertido constantemente de que el problema es que no se sabe con exactitud cuántas armas hay en la comunidad".