Conflicto entre maestros y policías en México
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   CIUDAD DE MÉXICO, 20 Jun. (NOTIMEX/NOTIMÉRICA) -

   Tras siete días de piquetes que afectaron a la movilidad de la población y el abasto de alimentos, medicamentos, combustibles y otros productos básicos que demanda la actividad comercial del estado, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, solicitó el apoyo del Gobierno de la República de México.

   El propio gobernador del estado lo ha dado a conocer al llamar a los trabajadores al servicio de la educación, así como a organizaciones sociales a desmovilizarse, tras los hechos suscitados la mañana de ayer domingo, después del operativo conjunto de las fuerzas de seguridad estatales y federales.

   El Jefe del Ejecutivo Estatal Indicó que, como antecedente de la compleja problemática que se vive en Oaxaca desde el miércoles 15 de mayo, grupos radicales del magisterio y organizaciones sociales adherentes, iniciaron una escalada de protestas que han afectado gravemente a la paz, el orden social y la actividad económica estatal.

   Ante este escenario, el Gobierno del estado ha solicitado el apoyo del Gobierno de la República para preservar las libertades, el Estado de derecho y la protección de la integridad física y patrimonial de Oaxaca, como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado.

   Se trata --expresó el mandatario local-- de una serie de "actos desmesurados de inconformidad, que durante 35 días han quebrantado los derechos fundamentales de los oaxaqueños, además de poner en riesgo la vida y el patrimonio de la sociedad". Como ejemplo señaló que, durante más de un mes, han sido recurrentes los piquetes en 37 puntos estratégicos del territorio, afectando de manera grave los procesos de abastecimiento de productos de primera necesidad para el consumo.

   Esto ha generado graves pérdidas en materia turística, en los procesos comerciales del Centro Histórico y en la actividad productiva que se realiza en las ocho regiones de Oaxaca.

   De la misma manera puntualizó que durante más de cuatro semanas han sido recurrentes la toma de edificios públicos e instalaciones estratégicas; la afectación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad capital, las actividades aeroportuarias y, sobre todo, el riesgo latente de provocar accidentes de graves consecuencias a la población.

   Esto último, precisó, al utilizar como barricada automotores cisterna abastecidas con materiales peligrosos, al interferir en los procesos productivos en la refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", del Puerto de Salina Cruz, que abastece de combustible a seis estados de la república y a 11 aeropuertos internacionales del Sureste de México.

   Cué Monteagudo especificó que, frente a estos hechos, "el Gobierno de Oaxaca ha sido y será respetuoso del derecho a la libertad de expresión y de asociación, así como tolerante y dispuesto al diálogo, teniendo como límite el respeto a la legalidad y la disponibilidad presupuestal". Sin embargo, aclaró que se han tomado decisiones de manera responsable y firme, cuando los intereses de personas o grupos de la sociedad han llegado al extremo de afectar los derechos de la población.

   Ante todo esto explicó que toma "la decisión de no seguir permitiendo que personas embozadas trastoquen los derechos fundamentales de la ciudadanía" y aclaró: "Estamos actuando con respeto cabal a los protocolos de actuación policial y respeto a los derechos fundamentales de nuestro pueblo, para ofrecer a Oaxaca las condiciones de estabilidad que apuntalen su desarrollo", finalizó el mandatario.

   Alrededor de las 07:00 horas del domingo (hora local) se realizó un operativo policial conjunto para retirar el bloqueo en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan, en el kilómetro 178 a la altura del municipio Asunción Nochixtlán.

   Esta acción se saldó con seis civiles fallecidos, 55 policías federales y estatales heridos y 21 personas detenidas en flagrancia, las cuales serán puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, para que se les determine su situación legal frente a los hechos que se les imputan.