SÃO PAULO, 5 May. (Reuters/Notimérica) -
Reveses recientes para los promotores de la Operación Lava Jato, que investiga un gran esquema de corrupción que envuelve a Petrobras, grandes expertos y políticos sugieren que el Ministerio Público tendrá que luchar mucho para conseguir las condenas que están buscando.
La decisión del Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués), que optó la semana pasada por liberar nueve ejecutivos de constructoras sospechosos de pagar sobornos, colocándolos bajo arresto domiciliario, reduce las posibilidades de que los fiscales acepten acuerdos de delación premiada que podrían resultar en otras acusaciones.
La decisión, así como la determinación del STF de retrasar algunos testimonios, sugiere que el 'contra-ataque' de la defensa, basado normalmente en cuestiones de procedimiento, está comenzando a funcionar.
Asimismo, expertos legales esperan más condenas en ese caso, ya que exejecutivos de Petrobras y empresas suministradoras han sido acusadas de pagar en exceso contratos de servicios y de canalizar los recursos excedentes para sus propias cuentas bancarias y partidos políticos.
Los fiscales dicen que los registros bancarios y los testimonios muestran que al menos 2.100 millones de reales (685 millones de dólares) fueron desviados. La investigación resultó en 97 imputaciones, incluyendo cuatro exejecutivos de Petrobras, ejecutivos de constructoras y el extesorero del Partido del Trabajo (PT), João Vaccari Neto.
Decenas de políticos también han resultado implicados en una investigación separada.
Las primeras sentencias tuvieron lugar el 22 de abril, cuando la Justicia Federal de Paraná condenó a ocho personas, incluyendo al exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa y al cambista Alberto Yousseff, por crímenes como blanqueo de dinero y participación en organizaciones criminales.
Sin embargo, las decisiones recientes del STF sugieren que los fiscales podrían tener dificultades para alcanzar la meta declarada de presentar más acusaciones y a enviar a los políticos y a los ejecutivos culpables a la cárcel, a fin de cambiar la forma en que la corrupción es tratada y castigada en Brasil.
"Va a ser difícil llegar a esas condenas", ha señalado el abogado criminal y director del Instituto Avante, Luiz Flávio Gomes, una organización que combate el crimen con sede en São Paulo. Por ello, él citó como ejemplos el "precario sistema judicial" de Brasil y la reciente liberación de algunos acusados.
Con el fin de liberar a los nueve ejecutivos, el STF rechazó el argumento del juez federal Sérgio Moro de que los sospechosos podrían cometer más crímenes en caso de que fueran absueltos.
Moro, que está orientando a la Fiscalía, aún no ha hecho público ningún comentario sobre la decisión, pero mantener a los ejecutivos en la cárcel era una esperanza para presionarlos a acelerar la delación premiada y generar nuevas acusaciones.
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Desde que se produjo el escándalo el año pasado, la investigación viene disfrutando de un amplio apoyo entre los brasileños que acreditan que la corrupción endémica impide al país alcanzar su potencial.
Moro, de 42 años, y los promotores se negaron a conceder una entrevista, de manera que la economista de la Universidad de São Paulo, Tatiana Farina, ha señalado que "debido al tamaño de la investigación y la gran atención de la prensa... usted acaba prácticamente de asumir que (los acusados) son culpables".
Por su parte, el fiscal Deltan Dallagnol ha llegado a hablar de la oportunidad de generar una "transformación social" al mostrar que la corrupción no será tolerada. En ese sentido, un gran obstáculo es el propio sistema judicial brasileño.