La OEA exige liberar a todos los presos políticos pero no aclara si el Gobierno ha cumplido el acuerdo

Publicado 20/06/2019 20:51:44CET
JUAN MANUEL HERRERA / OEA - Archivo

   MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha exigido este jueves al Gobierno de Daniel Ortega que libere a todos los presos políticos, sin aclarar si ha cumplido el acuerdo con la oposición para excarcelar a los detenidos en las protestas, tal y como denuncia la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

   La Secretaría General "saluda la excarcelación de los presos políticos y celebra que los acuerdos hayan permitido que dichas personas puedan reencontrarse con sus familias", ha dicho en un comunicado la OEA, "en su calidad de testigo y acompañante de dicho proceso" de diálogo.

   No obstante, la oficina de Almagro ha recordado que "resulta imperativa la liberación total y el cierre de las causas judiciales para dichas personas y para quienes debieron salir del país a raíz de los acontecimientos iniciados el 18 de abril de 2018".

   "La existencia de presos políticos es incompatible con la democracia y el Estado de Derecho", ha sostenido, reclamando "la liberación de toda persona presa por motivos políticos, independientemente del momento de su detención", por que "sin ello no resultará posible recuperar el camino de la democracia, la paz y la justicia en el país".

   También ha llamado la atención sobre "la urgente necesidad de restablecer plenamente las libertades en Nicaragua, incluyendo los derechos a la vida, la libertad, la libre expresión y el derecho de asociación y manifestación, entre otros".

   Finalmente, el ex ministro de Exteriores de Uruguay ha reiterado "su disposición a continuar trabajando para que Nicaragua y los nicaragüenses puedan encontrar el futuro de democracia, paz, justicia, verdad, no repetición y prosperidad que merecen".

CONTROVERTIDA LIBERACIÓN

   Las partes acordaron en marzo una lista con más de 200 presos políticos, a los que el Gobierno se refiere como "personas que guardaban prisión por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública". En estos meses ha excarcelado a varios grupos, los últimos la semana pasada.

   El Ejecutivo emitió un comunicado el 18 de junio, fecha límite, en el que dio por cumplido el acuerdo asegurando que "todas esas personas gozan de libertad, con el compromiso de no repetición". "El Estado nicaragüense y el Gobierno de reconciliación y unidad nacional hemos cumplido a nuestro pueblo y a la comunidad internacional", dijo.

   Sin embargo, la Alianza Cívica denunció el pasado sábado, a tan solo tres días de que expirara el plazo y sin que desde entonces se hayan producido nuevas liberaciones, que aún había 85 presos políticos, así como otras 113 "personas secuestradas arbitrariamente que han sido reportadas como presas políticas o desaparecidas".

CRISIS POLÍTICA

   La crisis estalló en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.

   Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.

   El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.

   La Alianza Cívica había exigido al Gobierno que cumpliera su promesa de liberar a todos los presos políticos antes del 18 de junio. El Gobierno ha excarcelado a cuentagotas a unos 200 bajo la modalidad de "casa por cárcel", es decir, bajo una especie de arresto domiciliario.

Contador