MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Naciones Unidas ha alertado este martes de que la "cojera" que sufre la aplicación del acuerdo de paz firmado en 2018 en Sudán del Sur está poniendo en peligro la celebración de elecciones en el plazo pactado, por lo que ha pedido nuevos esfuerzos para evitar un aplazamiento de la votación.
"La COVID-19 ha ralentizado el proceso de paz, pero la pandemia no es la única responsable. El acuerdo de paz está cojeando", ha sostenido el jefe de la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS), David Shearer, durante una rueda de prensa en la capital del país, Yuba.
"Mi preocupación sobre el retraso es que podría aplazar las elecciones más allá de la fecha contemplada en el acuerdo", ha manifestado, antes de agregar que el Gobierno de unidad "se reúne de forma irregular" y que se le ha trasladado que es necesario que el presidente y el vicepresidente, Salva Kiir y Riek Machar, respectivamente, "se reúnan más y trabajen más de cerca".
El gobierno de unidad en Sudán del Sur echó a andar en febrero, tras la materialización del acuerdo de paz firmado por Kiir y Machar, entonces el principal líder rebelde, quien fue nombrado nuevamente como vicepresidente, cargo que ocupaba antes de la guerra civil.
Sin embargo, aún quedan algunos puntos importantes pendientes para la aplicación del acuerdo de paz, incluidos la unificación y despliegue de las fuerzas de seguridad conjuntas y la reconstitución del Parlamento, organismo que estará encargado de poner en marcha las reformas acordadas en 2018 entre las partes.
Así, Shearer ha recordado que "la Asamblea Nacional de Transición aún tiene que ser reconstituida, por lo que las nuevas leyes no están siendo aprobadas y el progreso sobre la Constitución se ha visto aplazado", al tiempo que ha pedido a las partes que incrementen sus esfuerzos para dar un nuevo impulso al proceso.
Shearer ha reconocido que el país hace frente a "enormes desafíos", incluida la caída de los precios del petróleo, la corrupción y los retrasos en los pagos a los funcionarios. "Primer paso. Contar el dinero que entra en el país. Segundo paso, contar en qué se gasta el dinero", ha manifestado.
"Es un proceso simple, pero requiere transparencia y rendición de cuentas. Cada ciudadano de este país, y de cualquier otro país, tiene derecho a saber qué se ingresa y qué se gasta en su nombre. Eso no es posible en Sudán del Sur", ha lamentado.
La presidenta de la comisión independiente sobre los Derechos Humanos de la ONU en el país africano, Yasmin Sooka, afirmó la semana pasada que altos cargos gubernamentales y políticos han robado al menos 36 millones de dólares desde 2016 en Sudán del Sur, donde la corrupción ha alcanzado un nivel "épico", según sus palabras.
AUMENTO DE LA VIOLENCIA INTERCOMUNITARIA
Por otra parte, ha mostrado su preocupación por el incremento de incidentes en los que se niega a los 'cascos azules' el acceso a comunidades afectadas por el incremento del repunte de la violencia intercomunitario.
El descenso experimentado por la violencia política en el país durante los últimos meses se ha visto reemplazado por una explosión de violencia intercomunitaria relacionada en parte con la inseguridad alimentaria, especialmente en el centro del país.
Estos conflictos, asociados tradicionalmente al pastoreo, han degenerado en los últimos años a combates militares en firme por culpa de la adquisición de armamento de contrabando.
"Desde hace años tuvimos un acuerdo para notificar a las Fuerzas Armadas cuando nuestros 'cascos azules' se mueven en el país. Lo hacemos por respeto a la soberanía de Sudán del Sur", ha dicho Shearer durante su rueda de prensa.
"Sin embargo, no hay signo de un respeto similar por parte de las fuerzas de seguridad por nuestra necesidad de tener libertad de movimientos para proteger a los civiles y generar la paz", ha añadido.
Shearer ha confirmado además la retirada de 'cascos azules' de algunos campamentos de desplazados internos ante el traslado de estas personas a otros lugares y para permitir su despliegue en áreas donde las poblaciones se encuentran ante un mayor peligro.
Este es el caso del lugar de una de las instalaciones en Bor, donde viven 1.900 personas. "El campo está ahora bajo control soberano y protección del Gobierno, como otros campamentos de desplazados internos en el país", ha explicado.
"Las autoridades estatales se han comprometido a garantizar que nadie se ve forzado a irse y los oficiales de Policía de la UNMISS siguen trabajando con sus homólogos locales para generar más capacidades. Por supuesto, la ayuda humanitaria continuará", ha remachado.