MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado su "profunda preocupación" por la "criminalización" del activismo social en Nicaragua y ha asegurado que el descenso de las manifestaciones no se debe a una "vuelta a la normalidad", sino a las medidas de vigilancia y represión adoptadas por el Gobierno de Daniel Ortega.
La portavoz del Alto Comisionado, Liz Throssell, ha recordado este viernes que las movilizaciones ciudadanas que se iniciaron en abril --a raíz inicialmente de un plan de reforma de la seguridad social-- son "legítimas". Según cifras del Gobierno, más de 270 personas han sido detenidas durante estos meses, si bien activistas locales elevan el dato a más de 580.
Naciones Unidas estima que, desde que comenzó la ola de protestas, más de 300 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas por la actuación de las fuerzas de seguridad y de grupos armados afines al Gobierno.
"Seguimos recibiendo informaciones de que se están violando los derechos a un juicio justo en los procesos penales de líderes campesinos y estudiantes y de otras personas implicadas en la protesta", ha añadido Throssell, que ha instado al Ejecutivo de Ortega, en nombre del Alto Comisionado, a cumplir sus obligaciones internacionales.
La ONU ha constatado un "drástico" descenso del número de manifestaciones en los últimos meses, pero "está lejos de ser una señal de retorno a la normalidad", sino más bien efecto de la disuasión y de las restricciones. "Recordamos al Estado de Nicaragua la necesidad de respetar los derechos a la libertad de opinión y expresión y a la asamblea pacífica", ha apostillado la portavoz.