MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han instado a las autoridades hondureñas a garantizar el acceso "efectivo" a la justicia, a "establecer la verdad de lo ocurrido" y a "sancionar a los autores materiales e intelectuales" en el asesinato de Berta Cáceres, ante las denuncias de posibles "riesgos a la independencia judicial".
Las organizaciones han llamado a Honduras a evitar la "impunidad" por el asesinato en marzo de 2016 de la reconocida defensora de Derechos Humanos, líder indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que fue asesinada en marzo de 2016.
Desde su asesinato, tanto la CIDH como OACNUDH han seguido de forma "cercana" la investigación y el desarrollo del juicio, tal y como han asegurado en un comunicado, en el que han reiterado su "preocupación" por las "reiteradas dilaciones, limitaciones a los derechos de los familiares, afectaciones al debido proceso e incluso posibles riesgos a la independencia judicial".
Las organizaciones han recordado que los familiares, el COPINH y otras organizaciones que les acompañan, han denunciado, en las diferentes etapas del juicio, "diversos obstáculos, incluidos la falta de su reconocimiento y participación efectiva en el proceso judicial, así como la exclusión de diferentes procedimientos penales, limitaciones en el acceso a la información, revictimización, estigmatización y amenazas".
En este sentido, han apuntado a que la pandemia ha agravado los "problemas preexistentes del sistema de justicia" hondureño, lo que ha afectado a este y otros juicios en la "transparencia y publicidad", "generando preocupaciones sobre el derecho a un juicio justo y al debido proceso".
En concreto, han relatado que no se permitió a OACNUDH ni a otras organizaciones nacionales y misiones internacionales la observación presencial de las audiencias del juicio oral y público que actualmente se desarrolla contra uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de la líder indígena.
La CIDH y OACNUDH han reconocido los "esfuerzos" de la Fiscalía y el equipo de fiscales a cargo del caso y han llamado a las autoridades a que, en el marco de las obligaciones de debida diligencia, continúen las investigaciones "exhaustivas" para procesar a quienes hubieran tenido responsabilidad en el crimen.
Por otro lado, las organizaciones han avanzado que, de acuerdo con información pública, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional estaría próximo a la emisión de sentencia.
Asimismo, han aseverado que "toman nota" de los avances en la investigación del caso 'Fraude sobre el Gualcarque', relacionado con presuntos hechos de corrupción denunciados en su momento por Berta Cáceres.
En este contexto, han alentado a que todas las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con esta causa "continúen y avancen, con la efectiva participación de las víctimas".
A cinco años del asesinato de la activista, las organizaciones han demandado así evitar la impunidad por su asesinato, así como han expresado su "compromiso" para contribuir a garantizar un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos, de la tierra y del medio ambiente".
"En Honduras, las personas defensoras de Derechos Humanos desempeñan un papel fundamental en la construcción y consolidación de la democracia y el Estado de derecho", han recordado.
Cáceres, que lideraba la oposición a la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena, fue asesinada a tiros en su propia casa el 2 de marzo de 2016. La CIDH había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
La maestra de 43 años, ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, pasó a engrosar así la larga lista de activistas asesinados en Honduras, escenario habitual de movilizaciones indígenas y campesinas en defensa de sus tierras frente a macroproyectos.