Publicado 16/11/2021 13:46CET

La ONU cifra en cerca de mil los detenidos en el estado de emergencia en Etiopía y dice que "la mayoría" son tigrayanos

Archivo - Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
Archivo - Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos - Jean Marc Ferré/UN Geneva/dpa - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha expresado este martes su preocupación por el arresto de cerca de un millar de personas en la capital de Etiopía, Adís Abeba, y otras ciudades del país en el marco del estado de emergencia decretado en el país y ha incidido en que "la mayoría de los detenidos serían de origen tigrayano".

La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, ha resaltado en rueda de prensa que "la Policía está invocando las provisiones excesivamente amplias del estado de emergencia declarado el 2 de noviembre para arrestar, cachear y detener a personas".

"Estos acontecimientos son aún más alarmantes debido a que la mayoría de los detenidos son personas de origen tigrayano, arrestados a menudo por sospechas de estar afiliados o apoyar al Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF)", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que "las condiciones de detención son en general malas, según se informa, con muchos detenidos en comisarías repletas de gente, lo que viola los estándares internacionales de Derechos Humanos, incluidos los estándares mínimos sobre el tratamiento de detenidos".

"Hay informes preocupantes sobre que muchos de los detenidos no han sido informados de las razones de su detención ni han sido llevados ante un tribunal para revisar los motivos de la misma ni han sido imputados formalmente. Estamos también preocupados por algunas informaciones sobre malos tratos bajo custodia", ha valorado.

Por ello, la portavoz de la oficina encabezada por Michelle Bachelet ha pedido que "se garantice la seguridad de los detenidos" y que estas personas "cuenten con la protección de sus Derechos Humanos, incluido el derecho a un juicio justo y garantías procesales".

Throsell ha resaltado además que diez miembros del personal de la ONU en Etiopía siguen detenidos junto a unos 34 camioneros "subcontratados" por el organismo internacional, por lo que ha solicitado su "liberación inmediata" o que "un tribunal revise las razones de su detención".

Por ello, ha alertado de que el estado de emergencia supone un riesgo de "empeoramiento" de una situación "muy grave" a nivel de Derechos Humanos en el país africano, sumido en un conflicto entre el Ejército y el TPLF desde hace ya más de un año.

"Como la Alta Comisionada ha advertido, hay graves riesgos de que estas medidas, lejos de estabilizar la situación, afecten aún más a la ya comprometida entrega de ayuda humanitaria, profundicen las divisiones, pongan en peligro a la sociedad civil y a defensores de los Derechos Humanos, provoquen un conflicto mayor y aumenten el considerable sufrimiento humano en Etiopía", ha dicho.

De esta forma, ha manifestado que los arrestos en Etiopía bajo el estado de emergencia "no respetan las condiciones" impuestas por el Derecho Internacional y ha recordado que "hay ciertos derechos que no son derogables incluso bajo estado de emergencia, entre ellos la libertad a no sufrir torturas o tratamientos degradantes y el derecho a la vida y la no discriminación".

El Parlamento aprobó la decisión del Gobierno de declarar el estado de emergencia ante el avance del TPLF en el norte del país después de que el grupo se hiciera con el control de varias localidades en la región de Amhara, en una expansión de la guerra desencadenada en noviembre de 2020 en Tigray.

El portavoz del TPLF, Getachew Reda, aseguró la semana pasada que el grupo continuará su avance hacia la capital a menos que el primer ministro, Abiy Ahmed, "acepte sus condiciones". "El único obstáculo a la solución pacífica al conflicto es la obsesión de Abiy con la solución militar a lo que es esencialmente un problema político", dijo.

El conflicto comenzó el 4 de noviembre de 2020 cuando Abiy ordenó una ofensiva militar en represalia por el ataque a la base del Ejército en Mekelle tras meses de tensiones entre el TPLF y el Gobierno central en torno al aplazamiento de las parlamentarias, finalmente celebradas en junio y en las que Abiy logró una victoria aplastante ante los llamamientos al boicot y la falta de votación en varias zonas --entre ellas Tigray-- por la inseguridad.

Sin embargo, el TPLF logró importantes avances en junio que le permitieron recuperar Mekelle, tras lo que Abiy anunció un alto el fuego unilateral citando motivos humanitarios, rechazado por el grupo, que expandió su ofensiva a las adyacentes regiones de Amhara y Afar, haciendo temer una propagación de la guerra al resto del país.

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