Publicado 12/11/2021 14:37CET

La ONU dice que el nuevo Consejo de transición en Sudán "es un revés a los esfuerzos para un acuerdo político"

Archivo - La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
Archivo - La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet - Jean Marc Ferre/United Nations O / DPA - Archivo

La oficina de Bachelet pide "urgentemente" un diálogo "más inclusivo y participativo"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha afirmado este viernes que el nombramiento de un nuevo Consejo Soberano de Transición, encabezado por el líder golpista en Sudán y del que han sido excluidos los miembros de la coalición civil Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FFC), "es un revés a los esfuerzos para lograr un acuerdo político".

La portavoz del organismo Liz Throsell ha resaltado las declaraciones sobre este tema de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, y ha incidido en que "se necesita urgentemente un diálogo más significativo, inclusivo y participativo para garantizar un rápido retorno al mandato civil en Sudán".

El jefe del Ejército y líder del golpe del 25 de octubre, Abdelfatá al Burhan, anunció el jueves la reestructuración del disuelto Consejo Soberano de Transición, que seguirá encabezado por él y seguirá contando con Mohamed Hamdan Dagalo como 'número dos'.

El nuevo organismo cuenta también con varios altos cargos militares que ya formaban parte del mismo, así como con algunos representantes civiles considerados como cercanos a Al Burhan y con tres antiguos líderes de grupos rebeldes firmantes del histórico acuerdo de paz de octubre de 2020.

Al Burhan, que ha asegurado que no formará parte del Gobierno una vez concluido el periodo de transición abierto tras el derrocamiento en abril de 2019 del entonces presidente, Omar Hasán al Bashir, ha afirmado que hay conversaciones en marcha para la formación de un Ejecutivo más aceptable para los militares.

Así, ha apuntado durante los últimos días que entre los favoritos figura el derrocado primer ministro, Abdalá Hamdok, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. El Gobierno disuelto rechaza cualquier diálogo con los militares si no se libera a los detenidos y se vuelve al orden civil.

En este sentido, Throsell ha pedido al Ejército que "garantice los derechos de la población a la libertad de expresión y asamblea" de cara a las manifestaciones convocadas para este sábado en rechazo al golpe de Estado militar, después de la muerte de cerca de 15 personas por la represión de las recientes movilizaciones.

"Las fuerzas de seguridad tienen que recibir instrucciones claras de que no deben dispersar asambleas pacíficas y deben evitar el uso de la fuerza a menos que sea absolutamente necesario, una medida de último recurso y únicamente al mínimo nivel requerido", ha explicado.

Throsell ha incidido en que el uso "innecesario y desproporcionado" de la fuerza ha provocado catorce muertos y cerca de 300 heridos entre el 25 y el 30 de octubre, por lo que ha recalcado que "es crucial que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que no hay más derramamiento de sangre en las protestas de mañana o en las posteriores".

"Los responsables de la violencia, incluido el uso de munición real contra manifestantes, deben rendir cuentas de forma rápida y transparente, en línea con las leyes de Derecho Humanitario y los estándares internacionales", ha dicho, antes de pedir nuevamente la liberación "inmediata" de "todos los detenidos arbitrariamente".

Entre los detenidos figuran más de 55 funcionarios y figuras de la sociedad civil, cerca de diez de los cuales han sido ya liberados, además de cientos de manifestantes, entre ellos cerca de 90 profesores. "Si bien muchos están retenidos durante un breve periodo de tiempo y luego son liberados, creemos que algunos siguen detenidos", ha señalado.

EL EJÉRCITO IGNORA A LOS TRIBUNALES Y SE NIEGA A RESTABLECER INTERNET

En las últimas horas también se ha dado a conocer que la junta militar ha negado a acatar una orden judicial para restaurar el servicio de Internet en el país tras considerar que las órdenes de emergencia emitidas por Al Burhan superceden las decisiones de un tribunal.

En un comunicado a través de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Correos, el Ejército ha declarado que su orden de detener el acceso a Internet "anula cualquier decisión de otras partes", incluido un reciente fallo judicial para la restauración del servicio.

Para el investigador de la ONG Human Rights Watch (HRW) Mohamed Osman, el corte de Internet es una "flagrante violación del derecho de los sudaneses a expresar sus opiniones y buscar información", con la "clara intención de mantener los abusos de las fuerzas de seguridad fuera del alcance del mundo", como "ya se vio durante las represiones de las protestas de 2019 contra Al Bashir".

La propia Throsell había denunciado que los servicios de telecomunicaciones "siguen limitados" a pesar del fallo del tribunal. "Pedimos a las autoridades que respeten el fallo del tribunal de Jartum", ha manifestado la portavoz de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Las medidas contundentes como los cortes generales de Internet y las telecomunicaciones, a veces por períodos prolongados, violan los principios de necesidad y proporcionalidad y contravienen el Derecho Internacional", ha zanjado.

Las palabras de Throsell han llegado horas después de que el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, tildara de "muy preocupante" la decisión de Al Burhan y abogara por la vuelta a la transición civil "lo antes posible".

Por su parte, el Gobierno de Hamdok ha catalogado el movimiento de Al Burhan como "una extensión de las medidas golpistas", y ha instado al pueblo sudanés a que "derrote el golpe de Estado y complete la marcha hacia la transición".

Sudán fue escenario a mediados de septiembre de un intento de golpe, según apuntaron las autoridades de transición, a cargo de un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas supuestamente vinculados con Al Bashir, derrocado en una asonada tras meses de masivas manifestaciones en su contra.

Las autoridades de transición fueron instauradas tras un acuerdo entre la junta militar anterior, surgida tras el golpe de Estado de 2019, y diversas organizaciones civiles y formaciones políticas opositoras. Este Gobierno ha iniciado una batería de reformas sociales y económicas y ha alcanzado un acuerdo de paz con importantes grupos rebeldes de Darfur y otras zonas del país.

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