¿Por qué la ONU está tan preocupada por la justicia en Guatemala?

Actualizado 15/02/2019 13:00:09 CET
Justicia en Guatemala
REUTERS

   CIUDAD DE GUATEMALA, 15 Feb. (Notimérica) -

   En los últimos meses no han cesado las idas y venidas del Gobierno guatemalteco en su relación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano independiente de carácter internacional creado en diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre Naciones Unidas y el Gobierno de Jimmy Morales con el objetivo de apoyar al país en la investigación de delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos.

   Tras muchos vaivenes, la tensión entre ambas partes del acuerdo no cesan. Mientras la validez del mismo estaba prevista hasta septiembre de este año, el acuerdo fue unilateralmente finalizado por el presidente Morales en el mes de enero, aludiendo a la participación de la CICIG en "actos ilegales, abuso de poder y actos en contra de la Constitución del país", hechos negados con rotundidad por la ONU, que decidió seguir trabajando en el país centroamericano.

   Esta misma semana, a través de dos de sus expertos en materia de derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky y Diego García-Sayán, la ONU ha solicitado al Estado guatemalteco centrar sus esfuerzos en proteger las garantías fundamentales y la independencia del poder judicial en el país centroamericano tras constatar que en el país que preside Jimmy Morales están aumentando las denuncias por intimidación y amenazas contra jueces y fiscales.

   Específicamente, en su informe han mostrado su preocupación por la delicada situación en la que se encuentran estos profesionales que cooperaron con la CICIG "y están trabajando actualmente en casos de elevado perfil, especialmente en casos de presunta corrupción, crimen organizado y los flujos financieros ilícitos que involucran a las personas con poder".

   "Estamos extremadamente preocupados que estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. Esto podría afectar su seguridad, integridad, derecho a la privacidad y reputación, y podría tener un impacto en su independencia", han lamentado los investigadores.

   Pese a que el pasado 9 de enero la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión gubernamental de retirarse del acuerdo, las acciones para poner fin a la labor de la CICIG continuaron. El Ejecutivo guatemalteco indicó que no acataría la resolución del Alto Tribunal, una acción que en palabras de ambos expertos "contribuye al debilitamiento del estado de derecho en el país".

   "Abordar estos temas es de suma importancia para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente porque la corrupción y la impunidad a menudo profundizan las desigualdades existentes y afectan especialmente a las personas que viven en la pobreza, pueblos indígenas en su mayoría", agregan Bohoslavsky y García-Sayán.

   Ambos especialistas han considerado que es "esencial" para el país garantizar la independencia del poder judicial y respetar su autonomía, así como garantizar un sistema imparcial.

   Del mismo modo, los trabajadores de la ONU han expresado su inquietud por el personal guatemalteco de la CICIG, los policías destinados a proteger las funciones de la Comisión y las víctimas, testigos o cualquier otra persona vinculada con el organismo internacional en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

   Para ambos es fundamental que continúen las investigaciones y las instrucciones de los casos de alto nivel y para ello han exhortado a las autoridades "a garantizar el buen funcionamiento de las instituciones involucradas para que puedan resolver los casos sin ninguna interferencia, amenaza o intimidación".

LEY DE RECONCILIACIÓN

   Paralelamente, el Gobierno de Morales anunció hace semanas la reforma de la Ley de Reconciliación Nacional, una medida en vigor desde la firma de los acuerdos de paz de 1996, que pusieron fin a más de tres décadas de conflicto armado.

   Sobre esta polémica reforma también se ha manifestado la ONU. En concreto, la Comisión de Derechos Humanos --que tiene al frente a la expresidenta chilena Michelle Bachelet-- advirtió en contra de su reforma, lo que no evitó que los trámites siguiesen su curso.

   "Existe el riesgo de que la reforma de la Ley de Reconciliación Nacional promovida por el Gobierno de Guatemala derive en impunidad para graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes cometidos durante el conflicto armado interno", declaró la Alta Comisionada.

   Tras la aprobación en primera lectura del proyecto de ley por parte del Congreso el pasado 17 de enero, Bachelet recordó que el texto actual ha sido durante años la "base legal" para juicios "históricos" en el país centroamericano. Si se aprueba la reforma, teme que suponga "un drástico retroceso para los derechos de las víctimas a la justicia y para el Estado de Derecho".

   La modificación, que paralizaría las investigaciones en curso relacionadas con violaciones de Derechos Humanos, cuenta también con carácter retroactivo, de tal forma que decenas de personas condenadas por desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura podrían quedar en libertad en cuestión de 24 horas.

   "En la práctica, esta reforma significaría una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, incluidos crímenes de lesa humanidad", advirtió Bachelet en un comunicado en el que llamó a no reabrir "viejas heridas" y no minar la confianza de la ciudadanía guatemalteca en las instituciones.

   La jefa de Derechos Humanos de la ONU también se mostró "profundamente preocupada" ante la posibilidad de que la reforma pueda dar lugar a represalias "contra víctimas, testigos, jueces, fiscales, abogados y organizaciones que con valentía han estado promoviendo la justicia por delitos del pasado en Guatemala".

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