¿Por qué la oposición de Ortega no apoya la nueva ley de amnistía?

¿Por Qué La Oposición De Ortega No Apoya La Nueva Ley De Amnistía?
REUTERS / CARLOS HERRERA
Publicado 11/06/2019 18:56:34CET

   MANAGUA, 11 Jun. (Notimérica) -

   La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado sábado una ley de amnistía que, lejos de favorecer a los cientos de presos que la oposición denuncia como "presos políticos" por su participación en los enfrentamientos contra el Gobierno de Daniel Ortega, establece una serie de ventajas para funcionarios del Estados sandinista que, según expertos legales, acrecenta la impunidad de la violencia ejercida.

   El texto legal, aprobado con los 70 votos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y con carácter de urgencia, cierra los procesos y absuelve a todos los acusados por el Gobierno en el marco de las protestas que fueron desencadenadas en el país en la primavera de 2018.

   Los denominados por la oposición como "presos políticos", junto a la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideran la aprobación de esta ley por parte del Gobierno de Daniel Ortega como un intento de dar impunidad a los policías y civiles involucrados en la represión de dichas manifestaciones antigubernamentales.

   Por su parte, Gobierno izquierdista defiende esta medida que define como un paso hacia la "reconciliación". Y es que desde que comenzaron las protestas --en un principio contra las reformas de la seguridad social-- la tensión política del país se ha visto aumentada, en parte, con motivo de las más de 324 personas muertas y las 60.000 que han optado por el exilio desde entonces, según cifras de organismos defensores de los Derechos Humanos.

   La oposición no solo alza la voz para conseguir la excarcelación de los "presos políticos", sino que también exige la dimisión del mandatario y su vicepresindenta, su esposa Rosario Murillo, así como la celebración de unas elecciones anticipadas.

   Ortega ha calificado las protestas y enfrentamientos de un intento fallido de golpe de Estado, y según la oposición y organismos de Derechos Humanos, desde el primer momento los llamados grupos paramilitares han actuado bajo las órdenes del líder político dejando decenas de muertos por el camino.

La "calma" para el país centroamericano comenzó a llegar el pasado mes de marzo, cuando el Gobierno se comprometió a liberar en un plazo de 90 días a todas las personas que aún permanecen en la cárcel tras las protestas, como un gesto para favorecer el diálogo con la oposición y para acabar con la aguda crisis política.

   En abril, 50 personas fueron excarceladas por el Gobierno, pero no fue hasta hace una semanas, en medio de las nuevas amenazas de quiebre en el diálogo y de una nueva huelga nacional, cuando se informó de que se había iniciado el proceso para liberar a otras 100 personas.

   Si bien desde la aprobación de la amnistía otros 50 presos han sido liberados del penal de La Modelo, todavía siguen bajo prisión 183 personas, entre ellas algunos de los líderes con más repercusión dentro del movimiento opositor.

   Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha mostrado a través de un comunicado oficial su preocupación por esta ley, ya que "podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de derechos humanos" cometidas durante las protestas.

   CRISIS POLÍTICA

   La crisis, que estalló en abril de 2018, comenzó con protestas por una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.

   Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar a Ortega por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.

   El líder 'sandinista' ofreció un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. El pasado mes de febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Desde entonces la Alianza Cívica ha denunciado en numerosas ocasiones incumplimientos del Gobierno.

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