MADRID,
El Ministerio del Interior israelí ha confirmado este domingo la extradición a Francia del abogado y activista por los Derechos Humanos francopalestino Salá Hamuri, al que acusa de ser una amenaza para la seguridad del Estado hebreo.
Hamuri, de 37 años, fue escoltado a un vuelo a Francia por la policía el domingo por la mañana temprano, según un comunicado del Ministerio del Interior israelí, entre críticas de ONG y del propio Hamuri, quien ha negado las acusaciones.
En respuesta, Israel insiste que Hamuri ha "organizado, inspirado y planeado cometer ataques terroristas" contra "ciudadanos y conocidos israelíes", según el comunicado firmado por la ministra saliente Ayelet Shaked, y recogido por el 'Times of Israel'.
Hamuri trabaja para el grupo palestino Addameer, especializado en la ayuda a los presos palestinos y designado por el Ministerio de Defensa israelí como vinculado al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una milicia que Israel considera una organización terrorista.
El abogado se pasó siete años en prisión después de ser condenado en 2005 en un complot para matar al rabino Ovadia Yosef, entonces líder espiritual del partido ultraortodoxo Shas. Hamuri fue liberado en el intercambio de prisioneros de 2011 con el grupo terrorista Hamas con sede en Gaza por la liberación del soldado de las FDI capturado Gilad Shalit.
Hamuri volvió a ser arrestado de nuevo en marzo y se pasó tres meses bajo detención administrativa, sin cargos en su contra. Al cuarto mes, pidió ayuda por carta al presidente francés, Emmanuel Macron, antes de ser trasladado a una prisión de alta seguridad en el centro de Israel, donde inició 19 días de huelga de hambre en protesta por su situación.
En un comunicado recogido por la cadena BBC, la ONG Amnistía Internacional condena la deportación como "un alto precio a pagar por su trabajo como abogado de los palestinos".
"La expulsión de los territorios palestinos ocupados constituye una grave violación del derecho internacional y de la Cuarta Convención de Ginebra y un potencial crimen de guerra", agregó el organismo. "También podría constituir un crimen contra la Humanidad", apunta la ONG.