Englman vuelve a denunciar la falta de colaboración de los militares
MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
El equipo legal de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha cuestionado el trabajo del contralor general, Matanyahu Englman, para esclarecer los fallos de seguridad en torno a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y ha defendido que investigar ciertos aspectos corresponde en exclusiva a una comisión especial.
El servicio jurídico de las FDI ha presentado este lunes una reclamación ante el Tribunal Supremo por algunas de las iniciativas que Englman había puesto en marcha en las últimas semanas para avanzar en su investigación pese a la petición de medidas cautelares por parte de las autoridades castrenses.
En las últimas semanas, la oficina de Englman, tal y como él mismo adelantó, se ha puesto en contacto con altos mandos de la Defensa para que respondan a una serie de preguntas antes de comparecer para ser cuestionados por lo ocurrido aquel día.
Por su parte, Englman ha afeado que las FDI hayan vuelto a poner en cuestión su investigación y que sigan sin colaborar plenamente. "Nada nuevo bajo el sol en los intentos de la Oficina del Abogado Militar General de obstaculizar la auditoría mientras intenta socavar a un 'guardián' que opera bajo la ley", ha lamentado.
"Es inapropiado y muy grave que los uniformados se pongan en guardia y ataquen a los guardianes, como lo está haciendo en estos momentos el Abogado Militar General", ha dicho el Contraloría en una nota que recoge 'The Times of Israel'.
Englman ha calificado de "medias verdades" las últimas actualizaciones de las FDI sobre lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 y ha insistido en que a pesar de todo, se investigará a todos los altos mandos que hayan podido tener algún tipo de responsabilidad, ya sean políticos, civiles, o militares.
La semana pasada, Englman ya advirtió de que "todos están obligados" --incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu-- a cooperar con esta investigación, que apunta por primera vez hacía los líderes y responsables políticos por aquel episodio en el que murieron unas 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas.
La investigación de Englman comenzó en enero de 2024, si bien tuvo que ser suspendida durante quince meses bajo la justificación de la operación militar israelí sobre la Franja de Gaza, que ha matado ya a más de 62.700 palestinos.
Si bien la investigación de la Contraloría es la única autorizada, el Gobierno ha insistido en que no puede poner en cuestión las decisiones políticas mientras continúe la operación militar en el enclave palestino.
No obstante, desde la oposición se ha cuestionado la formación jurídica de Englman, así como su relación con el Gobierno de Netanyahu, como asuntos que podrían influir en su decisión final.