MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
Naciones Unidas ha reclamado este viernes a Israel que suspenda los desalojos de residentes palestinos en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este, y ha advertido de que estos procesos podrían suponer una violación de sus obligaciones bajo el Derecho Humanitario e incluso un crimen de guerra.
El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, ha señalado que "ocho familias de refugiados palestinos residentes en el barrio de Sheij Jarrá hacen frente al riesgo de expulsión forzosa tras una demanda legal de la organización de colonos Nahalat Shimon".
Así, ha apuntado que "para cuatro de estas familias el riesgo es inminente" y ha añadido que "los desahucios, si se ordenan y aplican, violarían las obligaciones de Israel con el Derecho Humanitario", en medio del aumento de las tensiones en la zona y los enfrentamientos de los últimos días entre israelíes y palestinos en esta parte de Jerusalén Este.
"Queremos enfatizar que Jerusalén Este es parte de los territorios palestinos ocupados, en los que se aplica el Derecho Humanitario. La potencia ocupante debe respetar y no confiscar propiedades privadas en territorios y debe respetar, salvo que se le prohíba de forma absoluta, las leyes en vigor en el país", ha señalado.
En este sentido, ha hecho hincapié que ello "implica que Israel no puede imponer sus leyes en territorios ocupados, incluido Jerusalén Este, para expulsar a palestinos de sus casas". "La transferencia de parte de la población civil de una potencia ocupante al territorio que ocupa está prohibida bajo el Derecho Humanitario y podría suponer un crimen de guerra", ha advertido.
Colville ha hecho hincapié en que las leyes que justifican el fallo judicial "son aplicadas de forma discriminatoria, fundamentada únicamente en la nacionalidad de origen del propietario" y ha añadido que, según los datos publicados en 2020 por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 218 familias palestinas en Jerusalén Este, incluidas las afectadas en Sheij Jarrá, hacen frente a órdenes de expulsión.
Por ello, ha señalado que "según múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad (de la ONU), todas las medidas legislativas y administrativas adoptadas por Israel, la potencia ocupante, que han alterado o buscan alterar el carácter y estatus de Jerusalén Este, incluida la expropiación de tierras y propiedades, son nulas e inválidas, por lo que deben ser rescindidas".
"Las expulsiones forzosas podrían también violar los derechos a una vivienda digna, a la privacidad y otros derechos de los desahuciados. Las expulsiones forzosas son un factor clave a la hora de crear un ambiente de coacción que pueda llevar a la transferencia forzosa, lo que está prohibido por la Cuarta Convención de Ginebra", ha argumentado.
En este sentido, Colville, ha solicitado a Israel que "detenga inmediatamente todas las evacuaciones forzosas" y que "cese toda actividad que contribuya a un ambiente de coacción y que provoque un riesgo de traslado forzoso", así como a revisar la citada legislación "para garantizar que está en línea con las obligaciones de Israel bajo el Derecho Humanitario".
"Solicitamos además a Israel que respete la libertad de expresión y asamblea, incluida la de aquellos que están protestando contra los desahucios, y que ejerza la máxima contención en el uso de la fuerza a la hora de garantizar la seguridad en Jerusalén Este", ha remachado Colville durante su rueda de prensa.