Ortega asciende a dos oficiales de la Policía implicados en la represión de las protestas en Nicaragua

Ortega durante la celebración del 39 aniversario de la Revolución Sandinista
REUTERS - Archivo
Publicado 24/08/2018 10:46:09CET

   MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha nombrado este jueves al general Francisco Díaz como nuevo director de la Policía Nacional mientras que el general Ramón Avellán ha sido designado como nuevo subdirector de este cuerpo de seguridad, en un gesto que ha sido visto como un premio por su actuación en la represión de las protestas antigubernamentales de los últimos meses.

   "La decisión de Ortega de ascender a estos dos oficiales es otra evidencia de la brutalidad de su Gobierno", ha subrayado el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco. "Estas promociones demuestran que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para frenar la represión del régimen de Ortega, incluyendo a través de una sesión especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas", ha añadido.

   Según ha denunciado HRW en un comunicado, desde que comenzaron las protestas contra Ortega en abril, la Policía Nacional ha participado en abusos graves, incluyendo uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y torturas.

   La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el número de abusos sugiere, de manera evidente, una "acción coordinada" para reprimir el disenso a través de violaciones de Derechos Humanos que tienen "características de sistematicidad".

   Díaz, quien es consuegro del presidente, ya había venido ejerciendo la dirección de la Policía desde el pasado 5 de julio, según el periódico 'El Nuevo Diario', si bien ahora pasará a ocuparlo de forma oficial a partir del 5 de septiembre.

   Su designación se produjo pues, como señala HRW, el mismo día en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le sancionó de conformidad con la Ley Magnitsky, argumentando que bajo su mando "la Policía Nacional de Nicaragua ha participado en graves abusos de los Derechos Humanos contra el pueblo de Nicaragua".

   En cuanto a Avellán, HRW ha recordado que Ortega envió a este general a Masaya, donde fue el comandante de más alto rango de la Policía Nacional y bajo cuyo liderazgo los agentes y las pandillas armadas pro-gobierno reprimieron manifestaciones de forma brutal. Según las organizaciones de Derechos Humanos, solo en Masaya se contabilizaron al menos 30 muertos entre abril y julio.

   El pasado 17 de julio, Avellán sostuvo en una entrevista que "las órdenes de nuestro presidente, nuestra vicepresidenta de ir limpiando estos tranques a nivel nacional y esa petición de la población... vamos a cumplirla, al costo que sea".

   Uriel Pineda, experto en Derechos Humanos, ha considerado en declaraciones a 'El Nuevo Diario' que con estos nombramientos "Ortega selló el futuro de la Policía Nacional", además de demostrar que no le preocupan las sanciones o críticas internacionales. "La promoción de Francisco Díaz y Ramón Avellán significa que esta institución funcionará principalmente para defender los intereses del régimen", ha lamentado.

PETICIÓN AL CONSEJO DE DDHH

   Ante estos nuevos nombramientos, HRW ha enviado este jueves una carta a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos solicitándoles que convoquen una sesión especial sobre Nicaragua.

   "Los gobiernos que han condenado el baño de sangre en Nicaragua ahora deberían solicitarle al presidente del Consejo de Derechos Humanos que de forma urgente convoque una sesión especial para tratar los aberrantes abusos en Nicaragua", ha defendido Vivanco.

   La actual crisis estalló en abril por una polémica reforma de la seguridad social que provocó las mayores manifestaciones contra el Gobierno de Ortega, si bien rápidamente evolucionaron hasta exigir la "democratización" de Nicaragua. Desde entonces, al menos 317 personas han muerto a causa de una represión que tanto la ONU como la Organización de Estados Americanos (OEA) atribuyen a la Policía y grupos de civiles armados afines al Ejecutivo.