MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno paquistaní ha abierto un nuevo episodio de su conflicto con el Tribunal Supremo al promulgar una ley que restringe las competencias de la más alta instancia judicial del país, a partir de ahora incapacitada para actuar de oficio en casos individuales mientras que los afectados por este tipo de intervenciones podrán apelar con efecto retroactivo.
Entre estos afectados se encuentra el ex primer minstro del país Nawaz Sharif, inhabilitado de por vida por el Supremo debido a su implicación en el escándalo de corrupción internacional recogido en los 'Papeles de Panamá', y que ahora ve la puerta abierta para apelar la decisión.
La ley está destinada a impedir que el Supremo actúe por su cuenta en casos tan delicados como el de la celebración de las cruciales elecciones locales en el estado de Punyab, donde el alto tribunal se ha enfrentado abiertamente a la Comisión Nacional Electoral sobre la fecha de celebración de las mismas en lo que el Gobierno paquistaní consideró como un acto de injerencia.
De hecho, la normativa ha acabado promulgada por la Asamblea Nacional del país a pesar de que el propio Tribunal Supremo había ordenado paralizar su recorrido parlamentario ante el "daño irreparable" que podría constituir al equilibrio de poderes en el país.
Aunque el presidente del país, Arif Alvi, tampoco dio su beneplácito al desarrollo de la ley al entender que su confección "escapaba de las competencias parlamentarias", la cláusula segunda del artículo 75 de la Constitución permite la entrada en vigor de una normativa aprobada por una sesión conjunta del Parlamento aún sin la aprobación presidencial.
La principal fuerza política de oposición del país, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI) del ex primer ministro Imran Jan, ha criticado el procedimiento desde su inicio al entender que se trata de un proceso claramente partidista al servicio de su némesis, Sharif.
Expertos legales consultados por Al Yazira ponen de manifiesto la complejidad de la cuestión. El abogado y experto constitucional Abuzar Salman Niazi explica que el Supremo paquistaní ha actuado a veces fuera de sus competencias pero matiza que el proceso parlamentario no se ajusta del todo a derecho: esta ley es, en el fondo, una enmienda constitucional que necesita de una mayoría de dos tercios en el Parlamento paquistaní y de la cual el Gobierno carece.
Asimismo, Niazi incide en que esta maniobra parece un intento de presión contra el presidente del Supremo paquistaní, el magistrado Umar Ata Bandial, a quien el Gobierno señala como instigador del conflicto contra la Comisión Electoral sobre las elecciones en Punyab para favorecer al ex primer ministro Jan.