CIUDAD DE PANAMÁ, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los funcionarios públicos panameños que cometan delitos de corrupción serán sometidos a menores penas después de que el Congreso de ese país centroamericano aprobara, en segundo debate, el proyecto de reformas del Código Penal.
"Es un código donde se aumentan las penas en todos los delitos, excepto en los relacionados con la corrupción", se quejó el jueves una representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia --una entidad sin animo de lucro creada en 2000--, Magaly Castillo.
La aprobación en el segundo de tres debates se produjo en la noche del miércoles (jueves en España), después de que se suspendiera la decisión por las dudas que presentaba el propio proyecto. Aún queda por realizarse el tercer debate, pero en este ya solo se formularán consideraciones de estilo.
"El proyecto nace de la necesidad que tiene Panamá de adecuarse a las corrientes mundiales en cuanto al derecho penal", manifestó el diputado y presidente de la Comisión de Gobierno, Raúl Rodríguez. "Nace genuinamente de un pacto por la justicia", añadió.
Según los nuevos artículos de esos delitos, las penas para funcionarios administrativos por delitos de corrupción quedarán reducidos de los cuatro a ocho años actuales a de dos a cuatro años de prisión en lo sucesivo tras la aprobación de la nueva norma. En cuanto a los funcionarios judiciales, la reducción de condena es aún mayor; de los de siete a 10 años de pena actuales, pasarán a establecerse de dos a cuatro años. En delitos de enriquecimiento ilícito se pasará a un máximo de cinco años de condena, frente a los 10 años máximos que rigen hasta ahora.
"Creo realmente que esto es cuestionable porque estamos hablando que el delito de corrupción le ocasiona tantos daños a nuestros países y existe todo un movimiento a nivel internacional contra la corrupción", señaló Castillo.
Para la representante de la citada organización, tras la aprobación de esta reforma del Código Penal, se equiparan las penas por robo común y corriente, el robo contra el capital privado y el que se ejerce contra las arcas estatales.
En ese sentido, el diputado opositor José Blandón dijo que esas reformas contradicen la promesa del presidente Martín Torrijos de "cero corrupción".
Por su parte, el gremio de periodistas manifestó asimismo su rechazo a esta reforma porque según ellos y la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) --que se pronunció hace unas semanas sobre este asunto-- consideran que estas modificaciones reducen el derecho a la libertad de expresión, ya que un nuevo artículo establece penas a los que revelen información de seguridad del Estado.