Archivo - El Supremo declara inconstitucional la concesión otorgada a una empresa china en el canal de Panamá - Europa Press/Contacto/Mark Hertzberg - Archivo
PANAMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Panamá tomó una decisión histórica al declarar inconstitucional el acuerdo otorgado a CK Hutchison, un conglomerado con base en Hong Kong, para la gestión de dos terminales portuarias clave situadas próximas al Canal de Panamá. Este fallo pone fin a un contrato que se estableció originalmente en 1997 y que, a lo largo de los años, ha sufrido diversas prórrogas. La decisión llega en un momento de tensiones geopolíticas, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido varias críticas relacionadas con la influencia china en esta estratégica vía acuática.
La Corte Suprema, a través de una publicación en redes sociales, explicó que, después de una exhaustiva revisión y debate sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la interventora general, Anel Flores, "contra la Ley (...), sus adendas y el acto de prórroga" que rigen estos contratos portuarios, resolvió actuar en defensa de la Constitución del país, señalando estas disposiciones como inconstitucionales.
El alcance de esta determinación judicial abarca directamente el "contrato de concesión entre el Estado y la sociedad Panamá Ports Company" (PPC), una subsidiaria de CK Hutchison, encargada del "desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de (...) los puertos de Balboa y Cristóbal".
Este pronunciamiento del Tribunal llega en medio de una contienda de poder entre Washington y Pekín, con Trump denunciando la aparente influencia china en el Canal y amenazando con asumir control sobre este, mientras el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, defiende la soberanía y gestión panameña sobre el Canal.
En 2025, Flores presentó una demanda contra la reciente extensión del contrato de ambas terminales, argumentando que el acuerdo resultó en pérdidas fiscales para Panamá superiores a los 1.000 millones de dólares, además de señalar que Panama Ports no alcanzó las aprobaciones necesarias para beneficiarse de la prórroga contractual.
Actualmente, CK Hutchison enfrenta pocas opciones tras este inapelable fallo del Tribunal Supremo, limitándose a solicitar aclaraciones o, alternativamente, buscar un arbitraje internacional.
Este veredicto podría forzar a Panamá a reestructurar su marco legal para los contratos de operación portuaria, precisando posiblemente la apertura de nuevos procesos de licitación para las terminales.
PPC ha rechazado las acusaciones y criticó el nuevo fallo, afirmando que "carece de fundamento legal y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria", según expresaron en un comunicado.