El Gobierno reconoce que la recuperación del dinero sustraído de esa sede dependerá de que Panamá detenga y juzgue al responsable
MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación realizó la pasada primavera una auditoría en todas sus unidades de cooperación en el exterior después de detectar un presunto desfalco valorado en hasta 4,5 millones de euros en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Panamá.
Según explica el Gobierno en una respuesta parlamentaria, la Subsecretaría de Exteriores y la Secretaría de Estado de Cooperación pusieron en marcha en marzo un procedimiento de circularización y confirmación de saldos de tesorería "ante el riesgo de que los graves problemas de tesorería" detectados en Panamá "pudieran ser un problema extendido" a otras.
La auditoría se inició el 9 de marzo pero a raíz de la pandemia de Covid-19 comenzaron a cerrar centros públicos y privados, con lo que un proceso que estaba destinado a durar un mes se demoró tres y se dio por terminado el 8 de junio.
La conclusión fue que "en general los saldos bancarios obtenidos coinciden con los presentados en la documentación contable de tesorería correspondiente al cuarto trimestre de 2019", detalla el ejecutivo.
En respuesta a una serie de preguntas planteadas por Vox y por Ciudadanos con motivo del presunto desfalco en la oficina situada en Panamá, el Gobierno detalla también que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), en coordinación con el Ministerio de Exteriores, del que depende, va a "reforzar las medidas de control interno".
En concreto, hará circularizaciones bancarias trimestrales de todas las cuentas de titularidad de las Unidades de Cooperación en el Exterior (UCE) y arqueos de caja sorpresivos en fechas que se indiquen con periodicidad aleatoria desde a cada UCE. También habrá inspecciones regulares y extraordinarias en las UCE por personal de la Inspección General de Servicios del Ministerio y de la AECID.
BUZÓN PARA DENUNCIAS ANÓNIMAS
Por otro lado, para reforzar la protección de denunciantes, la AECID va a poner en marcha acciones divulgativas para dar a conocer el 'buzón ético', que está disponible en la página web de AECID desde el pasado mes de abril para cualquiera que quiera plantear una denuncia anónima.
Además, se reforzará la formación en gestión económica y presupuestaria, con especial incidencia en las responsabilidades contables del cargo, de los directivos y de los cajeros-pagadores de las oficinas, se tomarán medidas para que las aplicaciones contables de estas oficinas converjan con las de las Embajadas.
Otra medida será el dar más importancia a los conocimientos sobre gestión económica y presupuestaria en los procesos selectivos del personal de la AECID. En el caso de Panamá, el desfalco se descubrió cuando el coordinador de la oficina alertó de la desaparición de un administrativo contable, que aún sigue en busca y captura.
Al coordinador, por su parte, Exteriores y la AECID decidieron no renovarle el contrato, un contrato "de alta dirección, que se basa en la recíproca confianza" y que suponía que él era el designado como cajero-pagador de la oficina y por tanto tenía responsabilidad. La decisión obedeció "a un juicio de oportunidad", explica el Gobierno en una de sus respuestas.
En el caso de Panamá, el Gobierno reconoce que la recuperación de los fondos dependerá "de la eventual detención, enjuiciamiento y sentencia del presunto autor del desfalco, todavía hoy en paradero desconocido".
Según el relato de Exteriores, el coordinador de la oficina en Panamá alertó de la desaparición del administrativo contable y del presunto desfalco la noche del 19 de febrero de 2020. Al no poder localizar al trabajador en cuestión desde el día 14, el coordinador se interesó por una transferencia pendiente de fondos desde una cuenta de la oficina a un programa de agua y saneamiento y el banco le indicó que el saldo de la cuenta era de solo 1.974,91 dólares.
En ese momento informó a la AECID y, la mañana del 20 de febrero, la oficina informó a la secretaria de Estado de Cooperación y ésta, a su vez, a la ministra y a la Inspección General de Servicios del Ministerio.
Entre el 10 y 12 de marzo se desplazó a Panamá una misión de la Inspección General de Servicios del Ministerio, que elaboró un informe. La División de Control y Mejora de la Gestión confeccionó un segundo informe que fue remitido al Tribunal de Cuentas el 8 de junio.
DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA PANAMEÑA
El 20 de febrero, Exteriores dio instrucciones a la Embajada española en Panamá, que denunció los hechos ante la fiscalía panameña, una denuncia que se amplió tres veces, los días 21 y 27 de febrero, y el 5 de marzo, a medida que se revisó toda la documentación.
Además, el 21 de febrero se suspendió de empleo y sueldo al administrador y el embajador español informó al Gobierno panameño y al Procurador General de la Nación. El 3 de abril, el Procurador General cursó orden de búsqueda y captura contra el sospechoso.
Asimismo, tras un proceso de licitación, el 14 de mayo se formalizó la contratación de un despacho de abogados local para que AECID se personase en el juicio como perjudicado. El 11 de junio, el embajador firmó la querella en representación de la AECID.