Alrededor de 50 personas murieron por la represión armada de una protesta contra la violencia policial
MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un panel de investigación creado tras la muerte de cerca de 50 manifestantes a manos del Ejército durante una protesta en octubre de 2020 contra la violencia policial en la ciudad de Lagos ha determinado en su informe final que lo sucedido fue "una masacre" por parte de los militares.
El comité ha indicado que los militares desplegados en el puesto de Lekki "abrieron fuego, hirieron y mataron a manifestantes desarmados e indefensos sin provocación ni justificación cuando ondeaban la bandera nigeriana y cantaban el himno nigeriano".
Asimismo, ha resaltado que los soldados que se encontraban en el lugar el 20 de octubre de 2020 "abrieron fuego, agredieron y dieron palizas a manifestantes desarmados, lo que causó heridos y muertos", según ha recogido el diario nigeriano 'The Premium Times'.
El informe choca frontalmente con las negativas emitidas por el Gobierno y el Ejército sobre el papel de militares del Batallón 65, acantonado en el campamento de Bonny y liderado por Sanusi Ovada Bello, sobre excesos y crímenes contra los manifestantes.
El panel ha destacado además que no había "justificación" para el despliegue de militares en una protesta pacífica y ha agregado que los soldados impidieron incluso que los heridos recibieran atención médica, lo que pudo aumentar el número de fallecidos.
"El panel ha determinado que la conducta del Ejército de Nigeria fue exacerbada por su negativa a permitir que las ambulancias dieran atención médica a las víctimas que la necesitaban", ha dicho, por lo que ha determinado que el Ejército habría violado sus propias normas de actuación.
El organismo ha resposabilizado de lo sucedido a varios policías que se encontraban en la cercana comisaría de Maroko y ha añadido que la Policía intentó posteriormente ocultar pruebas de la masacre de manifestantes.
En este sentido, ha resaltado que la Policía "desplegó oficiales" en el lugar y que estos "abrieron fuego, agredieron y dieron palizas a manifestantes desarmados, lo que causó heridos y muertos". "Los policías intentaron encubrir sus acciones recogiendo casquillos de bala", ha apuntado.
Por otra parte, el informe carga contra la Compañía Concesionaria de Lekki, que gestiona el puesto, por "negarse a dar alguna información y pruebas útiles y vitales, tal y como había pedido el panel y el experto forense designado por el mismo, a pesar de que estos datos estaban disponibles, según la propia compañía".
En esta línea, ha acusado a la empresa de manipular los vídeos de las cámaras de seguridad, algo que fue denunciado por activistas y manifestantes poco después de los sucesos, durante los cuales se apagaron las luces en la zona y se desactivaron estas cámaras de seguridad.
El panel ha dicho además que los soldados "retiraron muchos cuerpos y cadáveres de manifestantes, que se llevaron en furgonetas" y ha agregado que los servicios de limpieza urbana "limpiaron" la zona "inmediatamente después de los incidentes", algo confirmado por la propia Autoridad de Gestión de Residuos de Lagos a través de Twitter.
PROTESTA "MUY PACÍFICA"
Por todo ello, el panel ha incidido en que la protesta fue "muy pacífica" hasta la intervención de militares y policías y ha recordado que varios altos cargos políticos visitaron el lugar durante los días anteriores, sin que hubiera incidentes.
"Los manifestantes tenían a personas responsables de limpiar el lugar de basura, piedras y otros objetos peligrosos. El panel determina que el 'modus operandi' era la existencia de tiendas de campaña, mientras que otros llevaron sus coches o dormían en el césped", ha manifestado.
Así, ha incidido en que "los manifestantes tuvieron una relación cordial con el personal de la Compañía Concesionaria de Lekki y les dieron comida en varias de sus oficinas", antes de agregar que la concentración "no era una de maleantes o personas pertenecientes a algún culto".
"Estaban vigilantes ante ladrones de poca monta y bandidos, que fueron detenidos y entregados a la Policía. Tenían gente de seguridad y guardaspaldas, así como ambulancias que atendían asuntos médicos", ha resaltado la comisión de investigación, tal y como ha recogido el citado diario.
"La presencia de manifestantes en Lekki no amenazaba la integridad territorial de Nigeria y no podía ser considerada como una insurrección armada que justificara la intervención del Ejército", ha reiterado, antes de asegurar que las víctimas tenían miedo ante la posibilidad de ser acosadas por las autoridades tras los incidentes.
"Inmediatamente después de la protesta había un temor palpable porque el Ejército y la Policía visitaban hospitales para 'acabar' con los manifestantes, al punto de que algunos de ellos no pudieron volver a casa inmediatamente. Algunos recibieron amenazas y otros fueron seguidos por desconocidos", ha zanjado.
LA DENUNCIA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
La organización no gubernamental Amnistía Internacional acusó cerca de una semana después de los incidentes a las autoridades de Nigeria de intentar encubrir la muerte de manifestantes en Lagos, la ciudad más poblada del país y del continente.
"Lo que pasó en Lekki tiene todas las trazas del patrón de las autoridades nigerianas para un encubrimiento cada vez que las fuerzas de defensa y seguridad llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales", dijo entonces el director de Amnistía Internacional en Nigeria, Osai Ojigho.
"La negativa inicial sobre la implicación de soldados en el tiroteo fue seguido por la vergonzosa negación de la pérdida de vida como resultado del ataque militar contra los manifestantes", manifestó Ojigho, quien subrayó que "hay pruebas creíbles de que el Ejército evitó que las ambulancias llegaran hasta donde estaban algunos heridos graves".
Las movilizaciones arrancaron semanas antes para protestar contra los abusos del controvertido Escuadrón Especial contra el Robo (SARS), ya disuelto, tras la publicación de un vídeo en el que miembros de este grupo golpeaban hasta la muerte a un hombre en la ciudad de Ughelli, en el estado de Delta.
A pesar de su disolución, las protestas continuaron para reclamar una reforma en el seno de las fuerzas de seguridad y que los responsables de abusos fueran juzgados.
Las autoridades nigerianas anunciaron inmediatamente después de la disolución del SARS la creación de una nueva unidad --Unidades y Tácticas Especiales (SWAT)-- para "llenar los huecos" dejados por el SARS y agregaron que los agentes desmovilizados recibirían "entrenamiento y reorientación antes de ser redesplegados para tareas policiales generales".