Actualizado 11/06/2010 22:07

Papeleras.- Fernández firmará un decreto para denunciar a los manifestantes que cortan el acceso a Uruguay

Los manifestantes se sienten "indignados" por la nueva postura asumida por el Gobierno frente al caso de las papeleras


BUENOS AIRES, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, firmará un decretó en el que pedirá que el Gobierno sea aceptado como querellante en la causa iniciada contra los manifestantes, que mantienen cortada desde hace tres años y medio la carretera hacia Uruguay en protesta por la instalación de una planta de celulosa.

Una vez que el Estado argentino se convierta en querellante podrá concretar su denuncia penal y civil contra una veintena de asambleístas, acusados de 18 delitos relacionados con el corte del puente General San Martín sobre la ruta 136 que conduce a territorio uruguayo.

"En el día de hoy, a más tardar las primeras horas del lunes, el decreto va a estar presentado", dijo este viernes a diferentes emisoras locales el ministro de Justicia, Julio Alak, al explicar que se trata de "un trámite formal, insustancial" que espera el juez de la localidad argentina Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, para continuar con el proceso.

Pimentel ordenó el pasado martes el desalojo de la ruta 136, pero el Gobierno de Fernández de Kirchner ha dejado claro que no reprimirá a los manifestantes que desde noviembre de 2006 mantienen bloqueado el puente que une a las ciudades de Gualeguaychú (Argentina) y Fray Bentos (Uruguay), por la instalación en el país de vecino de la papelera UPM (antes Botnia) en las riveras del río Uruguay.

El decreto autorizará al procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a presentarse como querellante en esta causa. "Nosotros no vamos con palos, vamos con la ley en la mano y vamos a proceder con todos los instrumentos judiciales disponibles y estoy seguro de que el puente va a quedar liberado", enfatizó Alak.

El ministro de Justicia condenó además la "actitud cerril" de los 'piqueteros' que se niegan a levantar el bloqueo de esta importante vía perjudicando considerablemente el intercambio comercial entre Uruguay y Argentina. "Ya no quedan excusas para mantener cortado un puente que nos une a un país hermano", destacó, porque la decisión de La Haya "marcó un punto de inflexión".

El pasado 20 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo que condena a Montevideo por violar el tratado del río Uruguay, pero que no favorece a Buenos Aires en su protesta porque "no puede probarse" la contaminación sonora y visual que, supuestamente, genera la papelera.

RECHAZO

Las recientes medidas adoptadas por la Casa Rosada contra el 'piquete' han disgustado a la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que siempre ha contado con el respaldo del Gobierno de los Kirchner en su lucha por retirar la planta de celulosa que fue instalada por Uruguay en el año 2006.

Cristina Limba, una de las asambleístas, expresó al diario local 'Clarín' su "indignación" por el nuevo proceder del Gobierno. "Esto es un problema que tendría que haberse solucionado hace mucho tiempo. Se tiene que solucionar por la vía política, judicializar este conflicto es una vergüenza", afirmó.

La presencia de la papelera cerca del río Uruguay ha provocado fuertes confrontaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Montevideo, ante la negativa de éste último de prescindir de los servicios de la planta finlandesa situada en Fray Bentos, que produce un millón de toneladas anuales de celulosa blanqueada de fibra corta de eucalipto, según datos divulgados por la prensa local.

Las relaciones entre ambas naciones se vieron afectadas por las peticiones insistentes de Argentina de poner fin a la actividad de UPM, en apoyo a los ecologistas y vecinos que alegan que la planta produce daños al medio ambiente y, en especial, al río Uruguay. Pero esta posición ha dado un giro en las últimas semanas y ahora el Gobierno quiere que los manifestantes levanten el bloqueo para poner fin a esta protesta que ha dado la vuelta al mundo.

"El Gobierno de un plumazo nos pasó de asambleístas ecologistas a delincuentes seriales", dijo José Poulera, uno de los líderes de la asamblea. "Si quedará detenido por un capricho del mismo Gobierno que nos habilitó a estar en la ruta, bajo ningún punto de vista tendría miedo y lo haría con orgullo mostrando la cara", aclaró.

Así, Pouler se refirió a las declaraciones que hizo este jueves el jefe del Gabinete, Anibal Fernández, quien aseguró que los manifestantes no suspenden el corte por un "capricho" al anunciar las denuncias que el Gobierno presentará contra los asambleístas.

Con esta actitud, afirmó Pouler, el Gobierno se olvida de que "el delincuente serial mayor es la persona que hizo la conferencia de prensa", es decir, el jefe de Gabinete. "Él fue el que escondió y cajoneó (guardó) los oficios anteriores. Si hay un homicidio culposo el primero que tiene que pagarlo es Fernández", sentenció.