Actualizado 02/07/2010 22:54

Papeleras.- La Justicia acepta al Estado argentino como querellante en la causa contra los ecologistas de Gualeguaychú


BUENOS AIRES, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez federal de la localidad de Entre Ríos (noreste), Gustavo Pimentel, aceptó este viernes la intervención del Estado argentino como querellante en la causa contra la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú por bloquear durante más de tres años el puente que comunica al país con Uruguay en señal de protesta por la instalación de la papelera UPM (antes Botnia), que estaría contaminando el entorno.

El magistrado admitió la solicitud de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para que el procurador general del Tesoro, Joaquín da Rocha, actúe como querellante, en representación del Estado argentino, en la causa contra una veintena de asambleístas sobre los que recaerían hasta 18 cargos de índole penal y civil por obstruir el puente General San Martín que conduce a territorio uruguayo.

En concreto, Argentina acusa a los ecologistas de la comisión de los delitos de amenazas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, instigación a delinquir, intimidación pública, apología del delito, atentados al orden público, constitucional y a la vida democrática, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento.

Además, el escrito de Fernández de Kirchner incluía también la petición de investigar la muerte de un vecino de Entre Ríos que murió al chocar contra uno de los piquetes en el puente, algo que Pimentel rechazó por considerar que en el contexto de la protesta "no existían razones sensatas para suponer el carácter prohibido" del bloqueo.

"Si se tiene en cuenta el contexto social imperante, la ausente actividad prevencional, la opinión jurídica de la representación estatal ante organismos internacionales y la declaración legisferante de esta provincia, es evidente que en la subjetividad de todos aquellos que llevaran adelante la medida de fuerza no existían razones sensatas para suponer el carácter prohibido de su hecho", sostuvo el juez.

Este anuncio se produce apenas cuatro días antes de que el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, se reúna con un grupo de 10 asambleístas que le exigirán que el Gobierno autorice su entrada a la fábrica de celulosa, ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, para recabar pruebas de la supuesta contaminación que la papelera ejerce sobre el río Uruguay, frontera natural entre ambos países.

El pasado mes de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) puso fin al diferendo que mantenían Argentina y Uruguay por la ubicación de la papelera, condenando a Montevideo por violar el tratado sobre el río y estableciendo la obligación de ambos países de articular un mecanismo de control conjunto sobre la planta.

Sin embargo, la CIJ rehusó pronunciarse acerca de la supuesta contaminación que la fábrica finlandesa ejerce sobre el río Uruguay ya que ninguno de los informes presentados por Buenos Aires pudo demostrarlo, a pesar de las continuas protestas de los ecologistas a este respecto, informó el diario 'Clarín'.