MONTEVIDEO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente uruguayo, José Mujica, pidió a los funcionarios de su Gobierno no hacer comentarios sobre la orden emitida por un juez argentino de desalojar a los manifestantes de ese país que desde hace más de tres años bloqueado el puente que une a ambas naciones, a fin de evitar complicaciones en este proceso.
Citando fuentes gubernamentales, el semanario uruguayo 'Búsqueda' informó este jueves de que Mujica ha instruido a sus funcionarios a no hacer declaraciones que "compliquen el proceso de desalojo" de los asambleístas argentinos de la localidad de Gualeguaychu. "Cualquier cosa que digamos para lo único que puede servir es para complicar", dijo el informante.
Montevideo ha guardado silencio frente a la decisión del magistrado Gustavo Pimentel, quien dictaminó que se debe garantizar el libre tránsito en el puente General San Martín que une a los dos países y que desde el año 2006 permanece bloqueado por vecinos y ecologistas argentinos que se oponen a la actividad de la planta de celulosa UPM (antes Botnia), instalada en Uruguay.
En una entrevista a la cadena local Canal 12, el ministro uruguayo de Exteriores, Luis Almagro, se abstuvo de hacer un comentarios sobre las decisiones que se han tomado desde Argentina en torno a esta protesta que despertó fuertes roces diplomáticos entre ambas naciones vecinas.
"Es imposible para mí emitir opinión al respecto", aclaró. "No lo haría si fuera acá en Uruguay, menos lo voy a hacer obviamente si es en otro país y tampoco voy a emitir opinión sobre una querella que recién empieza", explicó el canciller.
La orden del juez argentino se suma al fallo emitido el pasado 20 de abril por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que condena a Montevideo por violar el tratado del río Uruguay, pero tampoco favorece a Buenos Aires porque "no puede probarse" la contaminación sonora y visual que, supuestamente, genera la papelera.
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, ha presentado ante la justicia dos denuncias, una penal y otra civil, contra los manifestantes, anunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien dijo que la protesta ya es "un capricho", aunque aclaró que no reprimirán a los asambleístas para desalojarles.
Vecinos y activistas argentinos decidieron el 20 de noviembre de 2006 poner un candado al portón que permite el acceso al Puente Internacional General San Martín impidiendo la salida de vehículos desde Gualeguaychú hacia Uruguay y el ingreso a Argentina de los coches provenientes desde Fray Bentos.
Este cierre ha generado serios problemas de transporte, especialmente, a los comerciantes que desde hace más de tres años han tenido que utilizar la ruta más larga para poder transportar mercancía entre los dos países que mantienen importantes intercambios comerciales.
DIPUTADOS URUGUAYOS
Los diputados oficialistas de Uruguay han visto con buenos ojos las últimas acciones emprendidas por Argentina pese a que son un poco tardías. "Me alegra que el Gobierno argentino respete el fallo de La Haya y el tribunal del Mercosur, llevando adelante acciones para cumplir con eso", afirmó Ernesto Agazzi, legislador del gobernante Frente Amplio. "Lo veo como algo muy positivo", acotó.
El senador Alberto Couriel, del partido Espacio 609, aseguró que se trata de "un hecho favorable que cambia radicalmente la situación después de tanto tiempo cerrado el puente", y confió en que el Gobierno argentino siga "dispuesto a terminar con el corte, con demandas judiciales", informó el diario local 'El País'.
Pero los congresistas de oposición se muestran más pesimistas sobre este asunto. El senador Carlos Baraibar, de Asamblea Uruguay, afirmó que las recientes acciones de Buenos Aires son "más de lo mismo" y aseguró que no se hará "nada" para proceder al desalojo, por lo que recomendó al Gobierno de Mujica "armarse de paciencia" porque el levantamiento de la protesta procederá cuando "los Kirchner abandonen el poder".
El senador Ope Pasquet, del opositor Partido Colorado, dijo que estas medidas suponen un "paso adelante porque el Gobierno argentino está dispuesto a aplicar la ley y hacer efectivos los fallos judiciales", pero expresó que "llama la atención que recién ahora hayan resuelto actuar" contra los manifestantes.