ASUNCIÓN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) ha condenado este jueves la decisión del Congreso de Paraguay, dominado por la oposición, de celebrar un juicio político contra el presidente del país, Fernando Lugo, y ha advertido de que enmascara un intento de establecer un Gobierno "ilegítimo".
A través de un comunicado, el ALBA ha alertado de que "el juicio político no es más que una maniobra de los sectores de la derecha que busca la destitución del presidente Lugo y la instalación de un Gobierno ilegítimo que haga retroceder al país".
En este contexto, la organización regional ha reiterado su apoyo al ex obispo y ha recordado que "su Gobierno solo puede cambiarse con el voto del pueblo paraguayo que lo eligió".
Además, ha hecho un llamamiento al pueblo paraguayo "a defender la democracia, reiterándole que cuenta con todo el apoyo de América Latina y el Caribe". En la misma línea, ha instado a "todos los pueblos democráticos del mundo" a "respaldar la soberanía del pueblo paraguayo y el desarrollo pacífico y democrático del país".
En este sentido se ha manifestado también el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que ha solicitado a los legisladores paraguayos que mantengan el "diálogo, el entendimiento y la paz interna" en el país.
El Congreso de Paraguay ha autorizado este jueves la celebración de un juicio político contra Lugo para determinar su responsabilidad en los enfrentamientos entre campesinos y policías que se produjeron el pasado viernes en la localidad de Curuguaty y que se saldaron con la muerte de 17 personas.
Lugo ha confirmado que se someterá al juicio político pero ha dejado claro que no dimitirá porque considera que "no existe ninguna causa valedera, ni jurídica ni política" que le obligue a separarse del cargo para el que fue electo hace cuatro años.
La Constitución de Paraguay establece en su artículo 225 que el jefe de Estado sólo podrá ser sometido a un juicio político "por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes".
El último juicio político a un presidente paraguayo tuvo lugar en 1999, cuando Raúl Cubas fue acusado de mal desempeño de sus funciones tras el asesinato del vicepresidente Luis Argaña y la muerte de siete jóvenes manifestantes. Cubas renunció antes de que concluyera el proceso judicial.