ASUNCIÓN, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
Diputados de la oposición de centro-derecha han comenzado este jueves a debatir una propuesta para someter a un juicio político al presidente paraguayo, Fernando Lugo, por los disturbios ocurridos en la localidad de Curuguaty, ubicada en el departamento de Canindeyú (sureste), donde 17 personas murieron en enfrentamientos entre campesinos y policías.
El comité político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) ha anunciado que dará su pleno respaldo a la iniciativa impulsada por el Partido Colorado, lo que ha avivado la polémica sobre la posibilidad de que Lugo presente su dimisión para ser procesado por los hechos ocurridos hace unos días.
"Consideramos grave lo que pasó en Curuguaty, por lo que consideramos que no podemos seguir en el Gobierno", ha dicho el presidente del PLRA, Blas Llano, tras ratificar el respaldo de su partido a la propuesta. "El PLRA a partir de ahora deslinda toda responsabilidad política con respecto al Gobierno de Lugo", ha enfatizado.
"Lugo es cómplice de esta ola de violencia y lo que debe hacer es renunciar", ha comentado por su parte el diputado liberal Salyn Buzarquis, al condenar los disturbios ocurridos en Curuguaty.
El jefe del gabinete, Miguel López Perito, ha dejado claro, ante la inminente aprobación del proyecto de juicio político, que Lugo no tiene previsto dimitir y que cumplirá con lo establecido en la Constitución para casos como este.
Por su parte, el Portal Paraguayo de Noticias ha informado de que los ministros liberales que integran el gabinete de Lugo presentarán este jueves su dimisión. El Gobierno no se ha pronunciado todavía al respecto, pero ha negado que esté ofreciendo cargos a los liberales para evitar que apoyen el proyecto de juicio político.
Entretanto, Lugo se encuentra reunido en la sede del Ejecutivo con los jefes de las tres fuerzas militares sin que hasta el momento se conozcan los temas que están analizando. Un portavoz del Gobierno ha anunciado que en las próximas horas el mandatario dará declaraciones a la prensa.
La Constitución de Paraguay establece en su artículo 225 que el presidente de la República sólo podrá ser sometido a un juicio político "por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes".
La acusación debe ser presentada por la Cámara de Diputados con el apoyo de dos tercios de los legisladores. El Senado será el encargado de realizar el juicio político y, en caso de ser declarado culpable, podrá separar de su cargo al mandatario. En caso de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria.
LOS DISTURBIOS
El pasado viernes, 17 personas murieron --once campesinos y seis policías-- en los enfrentamientos que se produjeron durante el desalojo de la finca Morumbí, propiedad del exsenador del Partido Colorado Blas Riquelme, que fue ocupada hace tres semanas por un centenar de campesinos para protestar por la escasez de tierras agrícolas.
El suceso ha generado una gran polémica en el país suramericano, hasta el punto de que ha provocado la dimisión del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía, Paulino Rojas, que ha sido aceptada por Lugo.
Desde hace años, los campesinos del sureste de Paraguay exigen al Gobierno una distribución equitativa de las tierras de labranza, denunciando que la mayoría de las fincas productivas están en manos de los conocidos popularmente como 'brasiguayos', terratenientes brasileños que han conseguido la nacionalidad paraguaya.
Lugo anunció el miércoles la creación de una comisión para investigar lo ocurrido en Curuguaty con el apoyo a la Organización de los Estados Americanos (OEA).