ASUNCIÓN, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Paraguay creará una comisión para investigar si en el marco de los enfrentamientos del pasado viernes entre campesinos y policías en la localidad de Curuguaty, ubicada en el departamento de Canindeyú (sureste), hubo violaciones de los Derechos Humanos, según ha informado el jefe del Gabinete, Miguel López Perito.
El pasado viernes, 17 personas murieron --once campesinos y seis policías-- en los enfrentamientos que se produjeron en el marco del desalojo de la finca Morumbí, propiedad del ex senador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme, que fue ocupada hace tres semanas por un centenar de campesinos para protestar por la escasez de tierras agrícolas.
López Perito ha viajado este lunes a Curuguaty en compañía de la ministra de Salud, Esperanza Martínez, para reunirse con una veintena de representantes de organizaciones campesinas, escuchar su versión de lo sucedido y buscar soluciones al conflicto agrario.
Al término de la reunión, López Perito ha aseverado que los campesinos no fueron quienes dispararon a los policías, sino que fue un grupo de "infiltrados" con "armas de guerra de alto poder", aunque ha descartado que pertenezcan a una guerrilla.
El jefe de Gabinete ha revelado que los campesinos han denunciado irregularidades y abusos por parte de la Policía. En concreto, han aseverado que los agentes torturaron a algunos de los detenidos, entre los que había menores de edad.
En este contexto, López Perito ha anunciado la creación de una comisión para investigar si, tal y como han denunciado los campesinos, se produjeron violaciones de los Derechos Humanos en el marco del desalojo.
Por su parte, Martínez ha anunciado la entrega de ayuda a los familiares de los campesinos fallecidos, incluyendo asistencia sanitaria y alimentaria, según informa el diario paraguayo 'Última Hora'.
El suceso ha generado una gran polémica en el país suramericano, hasta el punto de que ha provocado la dimisión del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía, Paulino Rojas, que ha sido aceptada por el presidente paraguayo, Fernando Lugo.
Desde años, los campesinos del sureste de Paraguay exigen al Gobierno una distribución equitativa de las tierras de labranza, denunciando que la mayoría de las fincas productivas están en manos de los conocidos popularmente como 'brasiguayos', terratenientes brasileños que han conseguido la nacionalidad paraguaya.