ASUNCIÓN, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, deberá comparecer mañana, viernes, ante el Senado para exponer sus alegatos en el marco del juicio político que comenzará este mismo jueves por la matanza de 17 personas ocurrida la semana pasada en el departamento de Canindeyú.
El Senado, como responsable de este proceso, ha aprobado el reglamento que regulará el juicio político contra Lugo por su supuesto mal desempeño en el cargo y que establece el calendario de intervenciones tanto de la parte acusadora como de la defensa.
La acusación, representada por varios diputados de la Cámara de Diputados que han sido designado como fiscales, podrá exponer sus alegatos en una sesión extraordinaria que se celebrará este jueves a las 18.00 horas (medianoche en España).
El mandatario paraguayo, o en su defecto los abogados que le representan, deberá comparecer a las 12.00 horas (18.00 horas en la España peninsular) y tendrá dos horas y media para exponer sus alegatos. Se espera que el Senado emita a las 16.30 horas (00.30 horas) su decisión de destituir o no a Lugo, según informan medios locales.
La Cámara de Diputados de Paraguay resolvió este jueves realizar un juicio político contra Lugo por los disturbios ocurridos la semana pasada en la localidad de Curuguaty, ubicada en el departamento de Canindeyú (sureste), donde 17 personas murieron en enfrentamientos entre campesinos y policías.
Lugo ha confirmado que se someterá a ese juicio pero ha dejado claro que no dimitirá porque considera que "no existe ninguna causa valedera, ni jurídica ni política" que le obligue a separarse del cargo para el que fue electo hace cuatro años.
La Constitución de Paraguay establece en su artículo 225 que el presidente de la República sólo podrá ser sometido a un juicio político "por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes".
La acusación debe ser presentada por la Cámara de Diputados con el apoyo de dos tercios de los legisladores. El Senado será el encargado de realizar el juicio político y, si es declarado culpable, podrá separar de su cargo al mandatario. En caso de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria.