El presidente argentino, Javier Milei - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado por 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para regularizar la atención a las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores médicos. La propuesta, que ha obtenido el respaldo de la mayoría del peronismo y de varios grupos opositores, pasa ahora al Senado para continuar su tramitación.
La aprobación se ha producido tras una intensa jornada de negociaciones parlamentarias que ha obligado al oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza (LLA), a introducir numerosas modificaciones en el texto original. Estos cambios han facilitado el apoyo de Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas, además del de sus aliados habituales, después de que las organizaciones de personas con discapacidad expresaran su conformidad con la nueva redacción, según ha informado el diario argentino 'La Nación'.
El rechazo se ha concentrado en ocho diputados cordobeses y en la mendocina Lourdes Arrieta, mientras que las cuatro abstenciones correspondieron a representantes de la izquierda. Entre los votos contrarios figuraron varios integrantes de Provincias Unidas y la diputada peronista Gabriela Beatriz Estévez, que ha justificado su posición por las demandas de las organizaciones cordobesas del sector.
CAMBIOS EN PENSIONES Y FINANCIACIÓN
Entre las principales modificaciones, el proyecto fija por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, hasta ahora determinados por el Ejecutivo. Los solicitantes deberán disponer del Certificado Único de Discapacidad (CUD), superar una evaluación socioeconómica y no contar con ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
La iniciativa mantiene también la Ley 26.816, relativa al empleo protegido, y refuerza la financiación del sistema: si los fondos asignados al Ministerio de Salud resultan insuficientes, podrán utilizarse recursos del Tesoro. Además, establece mecanismos para evitar que las partidas por beneficiario pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y garantiza a los titulares de pensiones por invalidez las prestaciones médicas básicas del programa 'Incluir Salud'.
Otro de los puntos centrales es la deuda con los prestadores, cifrada en unos 278.323 millones de pesos, según datos recogidos por el mismo medio. El Ejecutivo deberá presentar, en los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la norma, un calendario de pagos y saldar las compensaciones pendientes en un máximo de 90 días.
LA IGLESIA RECLAMA UNA RESPUESTA AL GOBIERNO
La negociación ha contado además con la intervención de la Iglesia católica. Representantes del Episcopado se han reunido con miembros del bloque libertario para trasladar sus preocupación por la situación de las personas con discapacidad y de quienes prestan sus servicios. Posteriormente, la Comisión de Pastoral Social ha expresado su inquietud por los recortes aplicados al sector durante el mandato de Milei.
El respaldo parlamentario supone un avance para el Ejecutivo en uno de sus frentes políticos más delicados, aunque persisten las dudas sobre el coste presupuestario y la posible oposición del Gobierno a determinadas disposiciones. La discusión sobre las cuentas públicas de 2027 y las garantías de financiación seguirá siendo clave para determinar la aplicación efectiva de las medidas.