MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Filipinas ha aprobado una nueva ley que modifica la legislación antiterrorista para permitir las escuchas telefónicas a sospechosos y detenciones sin que medie una orden judicial y con la posibilidad de que se prolongue hasta catorce días sin presentar cargos contra el detenido.
Según ha informado la cadena de televisión local ABS-CBN, la polémica Ley 6875 ha sido aprobada en su tercera y última lectura en la sesión del miércoles de la Cámara de Representantes con el apoyo de 173 diputados, el rechazo de 31 y 29 abstenciones.
Tras la aprobación en el Parlamento, la norma será sometida a "una revisión final" por parte del presidente del país, Rodrigo Duterte, antes de que proceda a ratificarla para su entrada en vigor.
La aprobación parlamentaria del texto ha provocado que varios grupos de estudiantes se manifiesten contra la ley en la Universidad Diliman, en Ciudad Quezón, un distrito de la región metropolitana de Manila, en la que todavía se mantienen las medidas de cuarentena por el coronavirus.
La Comisión de Derechos Humanos, un organismo constitucional independiente que vela por el respeto a los Derechos Humanos en Filipinas, ha criticado que la nueva ley deje limitado su papel porque el Gobierno solo deberá informarle de los arrestos que planea realizar pero no estará obligado a escuchar su opinión ni sus recomendaciones.
"La Comisión de Derechos Humanos ha sido sacada de la provisión penal. Nuestro temor es que no informe a la Comisión de Derechos Humanos si ya han detenido a un supuesto terrorista y, por tanto, no podamos verificar ni averiguar la situación del detenido", ha afirmado la portavoz de la Comisión, Jacqueline de Guia.
Además, ha criticado que la nueva norma permita la detención sin orden judicial y sin presentar cargos contra sospechosos de terrorismo durante catorce días. "Cuando una persona esta detenida durante un largo periodo de tiempo, su vulnerabilidad frente a la tortura, el castigo o el trato inhumano y cruel aumenta. Y, desde luego, al ser un sospechoso de terrorismo, el Gobierno tiende a presionar y a interrogar", ha asegurado.
La portavoz de la Comisión de Derechos Humanos también ha censurado que la nueva norma tenga una definición "demasiado amplia" del término "terrorista", ya que señala como tal a los miembros de grupos terroristas identificados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a los que cometen actos de terrorismo y a las personas que ayudan a terroristas con planificación, conspiraciones, reclutamiento, difusión de propaganda y dándoles material de apoyo.