MANAGUA, 8 Jun. (Notimérica) -
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua ha aprobado este sábado una Ley de Amnistía que beneficiará a los involucrados en actos de violencia y otros delitos relacionados con las protestas contra el presidente del país, Daniel Ortega, producidas en abril de 2018. Mientras la oposición teme que esta ley limite la posibilidad de investigar al Estado por la represión contra los manifestantes.
"Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional, a partir del 18 de abril del 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley", señala el artículo inicial de la normativa, citado por el portal oficialista '19Digital'.
El proyecto fue presentado este 7 de junio con carácter de urgencia por los 70 diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), tras un proceso de debate y discusión con 14 legisladores de los demás grupos parlamentarios.
"Estamos ante un acto soberano que busca la paz, la reconciliación, que busca el perdón con justicia, con reparación, con no repetición", ha indicado el coordinador de la bancada del FSLN, diputado Edwin Castro, quien rechazó las críticas de la oposición a la iniciativa sandinista.
Asimismo, Castro ha enfatizado que el propósito es "seguir por el camino de la paz, por el camino de la reconciliación y que solo puede ser a través del perdón", aunque admitió que al partido le duele amnistiar a "asesinos confesos de policías y a torturadores".
Según el texto, la amnistía abarca incluso a quienes aún son investigados o cumplen sentencias, por lo que las autoridades deberán cerrar los procesos administrativos y penales iniciados, los reos serán liberados y serán cancelados los antecedentes penales de las personas beneficiadas.
La organización Acción Penal ha estimado que el proceso de aprobación de la mencionada ley es legal pero no legítimo, "por cuanto está siendo aprobada de manera unilateral y sin las consultas necesarias con los sectores sociales interesados", en particular los familiares de las víctimas de la inestabilidad política en Nicaragua.
"Esta Ley de Amnistía constituye un obstáculo para un verdadero proceso de justicia transicional en Nicaragua, a la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en este contexto y generaría impunidad", ha advertido en un comunicado el grupo dedicado a la defensa de derechos humanos y constitucionales.
CON "PRESOS POLÍTICOS" NO HAY DIÁLOGO
Por su parte, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reiteró su negativa al diálogo con el Gobierno de Ortega hasta la total liberación de lo que consideran "presos políticos".
El mandatario nicaragüense se ha comprometido a liberar a los detenidos en las manifestaciones, que comenzaron en abril de 2018, con el objetivo de retomar el diálogo con la oposición y acabar con la crisis política.
El Gobierno del país excarceló a 521 "presos políticos", pero aún están en prisión 182, según el Comité de Familiares de Presos Políticos. Por otra parte, varios organismos de Derechos Humanos han señalado que fruto de estas protestas, más de 324 personas han muerto, en su mayoría, manifestantes opositores.
CRISIS POLÍTICA
La crisis, que estalló en abril de 2018, comenzó con protestas por una polémica reforma de la seguridad social que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar a Ortega por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.