Publicado 10/11/2020 22:02CET

El Parlamento de Nicaragua aprueba reformar la Constitución para instaurar la cadena perpetua para los delitos de odio

Imagen de archivo de bandera de Nicaragua.
Imagen de archivo de bandera de Nicaragua. - JESUS HELLIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado este martes el primer debate sobre la reforma constitucional que permite instaurar la cadena perpetua para los delitos de odio.

Con 70 votos a favor de un total de 90 escaños, el Parlamento ha respaldado la reforma presentada por el Gobierno del presidente, Daniel Ortega, y que busca reformar el artículo 37 de la Constitución para incluir la cadena perpetua para estos delitos en el Código Penal.

Según la propia Carta Magna, para la efectiva reforma constitucional es necesario someter a votación la medida en dos legislaturas diferentes. Eso significa que tendrá que ser sometida de nuevo a votación en 2021, según informaciones del diario 'La Prensa'.

Esta reforma se suma a la Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros, también conocida como 'Ley Putin', en una referencia al presidente ruso y que, según la oposición, criminaliza la financiación recibida por asociaciones, empresas y organizaciones de agencias y gobiernos extranjeros.

El cambio supone la eliminación del límite de 30 años de cárcel para los delitos graves y busca establecer la cadena perpetua para los delitos de odio, siguiendo la petición del propio Ortega.

El artículo 37 de la Constitución señala que en Nicaragua no se contemplan penas que, de forma aislada o en su conjunto, sumen más de 30 años, límite que sería derogado en la reforma planteada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El pasado 15 de septiembre, Ortega pidió a la Corte Suprema de Justicia trabajar en las propuestas sobre la cadena perpetua para cambiar el sistema penal y condenar a aquellos que "cometan crímenes atroces y de odio".

Su discurso está dirigido, en gran medida, contra los sectores opositores que exigen justicia por el uso excesivo de la fuerza en el marco de las protestas contra el Gobierno registradas desde abril de 2018.

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