MADRID, 16 Jun. (OTR/PRESS/Notimérica) -
Casi tres meses de manifestaciones diarias en Venezuela, convocadas por los opositores al presidente Nicolás Maduro, dejan un clima en el país que se torna irrespirable.
Los venezolanos viven en un entorno de crisis económica, social y política que se acrecienta con el paso de los días, la falta de respuesta desde el Gobierno que satisfaga a quienes reclaman elecciones generales y el constante cruce de acusaciones por la creciente violencia que deja ya más de 70 muertos desde que comenzara esta última oleada de protestas. De hecho, dos jóvenes morían el jueves durante las manifestaciones en los estados de Táchica y Zulia y aumentando el número de víctimas mortales hasta la fecha.
En medio del enfrentamiento evidente entre el Legislativo (controlado por opositores) y el Ejecutivo oficialista chavista, la Asamblea Nacional ha denunciado el jueves corrupción del Gobierno en la importación de alimentos desde México a través de intermediarios, recalcando que ha supuesto una pérdida de unos 206 millones de dólares (unos 185 millones de euros).
La denuncia es la primera que emite la Comisión de Contraloría del Congreso sobre la trama de corrupción que, dicen, se desarrolla detrás de la distribución de millones de cajas de alimentos subsidiados a la población, uno de los programas sociales bandera del presidente, Nicolás Maduro.
La venta programada de paquetes con productos de primera necesidad a las familias más pobres, conocida como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), comenzó a reforzarse desde 2016 con compras a México y Brasil, después de que Maduro culpara a los empresarios locales de promover una "guerra económica" con el fin de derrocarle.
Entre enero y junio de este año, un organismo del Gobierno socialista de Venezuela adquirió unas siete millones de cajas con alimentos, importados desde la ciudad mexicana de Veracruz, con un sobreprecio del 55 por ciento, según el informe preliminar que ha presentado el diputado opositor Carlos Paparoni.
"Este Gobierno es adicto a la corrupción, no perdona ni el hambre de los venezolanos para crear nuevas maneras de robar", ha dicho.
Por su parte, el Ministerio de Comunicación, que centraliza las entrevistas y comentarios de los entes estatales, no se ha pronunciado por el momento sobre esta denuncia de la Asamblea Nacional.
La distribución de los paquetes CLAP se produce en un momento en el que a los ciudadanos del país se les hace cada vez más difícil conseguir alimentos en supermercados, debido a una crónica escasez de bienes y una inflación de tres dígitos.
Según la investigación de la Asamblea Nacional, en el proceso de compra y envío de los alimentos hacia Venezuela estaría involucrada una empresa registrada en Barbados, propiedad del empresario venezolano Samark López, a quien Estados Unidos incluyó este año en su 'lista negra' de narcotráfico.
López fue acusado de colaborar con el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, quien fue designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.
Ni Samark López ni su empresa Postar Intertrade Limited han respondido por el momento a las peticiones a realizar comentarios sobre la denuncia.
La Asamblea Nacional prevé solicitar colaboración a las autoridades en México y otros países involucrados en la importación de la mercancía, argumentando que las cajas con alimentos, que Venezuela pagó a 42 dólares cada una (cerca de 38 euros), se podrían traer al país por menos de trece dólares (alrededor de 12 euros).
LUISA ORTEGA, IMPLACABLE CONTRA LA CONSTITUYENTE
Además, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, vuelve a desmarcarse del chavismo y ha presentado el jueves tres recursos de nulidad contra los decretos de Maduro para convocar la Asamblea Constituyente.
Este paso es uno más en la ofensiva que ha iniciado Ortega contra el Gobierno para frenar un cambio de la carta magna que considera ilegal, tras años como fiel defensora del régimen instaurado por Hugo Chávez.
La fiscal General ha recurrido el decreto del 1 de mayo, por el cual Maduro convocó la Asamblea Constituyente. La jefa del Ministerio Público esgrime que, conforme a la Carta Magna, el presidente puede "sugerir o proponer" el inicio de un proceso para elaborar una nueva Constitución pero dicha iniciativa "debe ser sometida a la aprobación de los ciudadanos".
También se ha dirigido contra el decreto presidencial del 23 de mayo, que fija las bases comiciales de la Asamblea Constituyente, es decir, quiénes podrán ser elegidos para formar parte de la elaboración de la nueva Carta Magna, porque viola "la supremacía constitucional, la progresividad de los Derechos Humanos, la democracia participativa y protagónica", así como "la reserva legal, el derecho al sufragio y la universalidad e igualdad de este".
En ambos casos, Ortega Díaz ha solicitado además la recusación de los magistrados Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Luis Damiani, miembros de la Sala Constitucional del TSJ, por "haber dictado sentencias violatorias del orden constitucional" y haber sido designados en un proceso fraudulento.
La Sala Constitucional ha rechazado sistemáticamente las acciones legales de la fiscal general contra la Asamblea Constituyente y, en una última decisión, ha bloqueado también el recurso de Ortega Díaz para anular el nombramiento de los magistrados del TSJ, porque lo hizo el Parlamento 'chavista' saliente antes de que los diputados electos tomaran posesión del escaño y entregaran el Poder Legislativo a la oposición conforme a los comicios de 2015.
La titular del Ministerio Público se ha dirigido igualmente contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) pidiendo al alto tribunal que anule los actos del CNE que han dado cobertura a la convocatoria realizada por Maduro y ha solicitado también a los magistrados de la Sala Electoral que no intervengan por rechazar iniciativas anteriores de la Fiscalía General en este mismo sentido.
Ortega Díaz ha añadido a estos tres recursos de nulidad una petición de medidas cautelares para que los efectos de dichos actos queden suspendidos hasta que el TSJ resuelva sobre las cuestiones de fondo, según informa el diario venezolano 'El Universal'.
En los últimos meses ha criticado la represión de las manifestaciones opositoras, los juicios militares contra civiles y la injerencia del Gobierno en los demás poderes del Estado.
La semana pasada, arreció su ofensiva contra el Palacio Miraflores y llamó a "todos los venezolanos" a rechazar la Asamblea Constituyente convocada por el presidente por considerar que destruirá el legado de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez. El lunes, denunció que ella y su familia están recibiendo amenazas.