Publicado 20/10/2020 18:33CET

El partido FARC convoca una movilización a nivel nacional por el asesinato de más de 230 excombatientes en Colombia

Simpatizante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en Colombia
Simpatizante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en Colombia - GETTY - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), heredero de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha anunciado este martes una movilización a nivel nacional por el asesinato de 234 excombatientes el próximo 2 de noviembre.

Tal y como ha informado el diario 'El Espectador', los militantes de la formación tienen previsto concentrarse en la fecha señalada en las ciudades más importantes del país.

La movilización, bajo el nombre de Peregrinación por la Paz y la Vida, ha sido convocada tras el asesinato del exguerrillero Albeiro Suárez en Meta. "Todas las muertes de excombatientes han sido lamentables, pero este es uno de los golpes más duros que hemos recibido en el proceso de reincorporación", ha expresado Federico Montes, dirigente del FARC en Caquetá.

Así ha resumido lo que implica, también, el asesinato de Juan de Jesús Monroy Ayala o del propio Suárez, tiroteado en una zona rural del municipio de Uribe el pasado 16 de octubre.

"Estamos hablando de que se está asesinando al líder político de un departamento, al responsable de la reincorporación en ese departamento y al dirigente de un espacio territorial", ha manifestado en relación a Albeiro, con quien mamtuvo una relación cercana durante el conflicto armado. Juntos formaban parte de la guardia personal de Manuel Marulanda Vélez, 'Tirofijo', comandante de la guerrilla.

Al entierro de Suárez acudirán no solo dirigentes de la colectividad sino también lideres del partido a nivel nacional, como Mauricio Jaramillo, de quien también fue guardia Albeiro, Pastor Alape, Rodrigo Granda e incluso Rodrigo Lodoño, líder del partido.

La intención es partir del lugar del entierro hasta Bogotá, la capital del país, donde se manifestarán contra el Gobierno del presidente, Iván Duque. "Este hecho es, como se dice popularmente, el que rebosó la copa", ha sostenido Pastor Alape, líder de la antigua guerrilla.

"Cada hecho va generando una presión que llega un momento en que tiene que reventar", ha manifestado antes de señalar que "por lo menos acá estalla de una forma en que quiere fortalecer la democracia y no en términos del caos o de expresiones violentas".

Así, ha explicado que la idea es "recoger la memoria de Albeiro y ponerlo como bandera para que no haya más asesinatos". "Es un simbolismo de que no vamos a regresar a la guerra, sino que vamos a caminar las carreteras de Colombia diciéndole al país que aquí estamos, que queremos caminar la paz y cerrarles cualquier espacio a las expresiones violentas", ha zanjado.

En Colombia se han registrado, además, 48 intentos de homicidio de excombatientes y 17 desapariciones forzosas, además de asesinatos de familiares de antiguos guerrilleros, que ascienden ya a 39 --entre ellos cinco menores de edad--.

DEMANDAS AL GOBIERNO

Entre las demandas al Gobierno se encuentran la promoción del Pacto Político Nacional, recogido en el Acuerdo de Paz, un punto que se ha quedado estancado, tal y como considera el partido.

De la mano de ese pacto se estableció la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como fin el desmantelamiento de las estructuras herederas del paramilitarismo que atentan contra la vida de los firmantes y los líderes sociales.

Los excombatientes pedirán al Gobierno que la instancia realice sesiones mensuales, como está establecido, y que sea allí donde se tomen las decisiones políticas relacionadas con los grupos armados existentes en el país.

Asimismo, han pedido al Gobierno solventar el colapso registrado en la Unidad Nacional de Protección y en particular en la Subdirección especializada de seguridad y protección, creada específicamente para los excombatientes.

La movilización nacional llega como un intento de detener la oleada de asesinatos tras presentar solicitudes de medidas cautelares de protección tanto a nivel nacional como internacional. En Colombia, lo hicieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, a nivel internacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).