CIUDAD DE GUATEMALA, 16 Abr. (Reuters/EP) -
El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina habría negociado y cobrado parte de un soborno de 25 millones de dólares por la concesión del puerto Quetzal a una empresa española, dinero que luego habría repartido entre varios colaboradores de su Gobierno, según ha denunciado este viernes la Fiscalía.
Esta nueva acusación se produce a un año del escándalo de 'La Línea', un caso que llevó a la renuncia del exmandatario el año pasado. Pérez Molina está preso a la espera juicio por supuestamente liderar una mafia aduanera que estafó millones de dólares al fisco.
"Podemos afirmar que el expresidente utilizó su cargo con este negocio para obtener beneficios económicos directos y en detrimento del país", ha dicho en rueda de prensa Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente investigador autónomo respaldado por la ONU y Estados Unidos que colabora con el Ministerio Público.
El Gobierno de Pérez Molina adjudicó en 2012 a la compañía Terminales Contenedores de Barcelona (TCB) un contrato para construir y gestionar durante 25 años una importante terminal en Puerto Quetzal, el más grande del país centroamericano.
El proyecto estaba valorado en 126 millones de dólares y sería financiado en gran parte por fondos del Banco Mundial, mientras que la compañía española aportó 8,5 millones de dólares.
Según las investigaciones, Pérez Molina y la vicepresidenta, Roxana Baldetti acordaron cobrar casi 25 millones de dólares en cuotas entre 2012 a 2015 y los fiscales han asegurado tener pruebas documentales de que los exfuncionarios y el resto de la red recibieron parte de los pagos acordados.
NUEVE DETENIDOS, ENTRE ELLOS UN ESPAÑOL
Además de Baldetti, quien también está en prisión a la espera de juicio, estaría implicado Douglas René Charchal, magistrado de la Corte Suprema, contra quien se pedirá un antejuicio para poder investigarlo, según añaden las autoridades.
La Policía detuvo a nueve personas, incluido el director general de la filial de TBC en Guatemala, el español Juan José Suárez, que se enfrentan a acusaciones de diversos delitos como asociación ilícita, fraude y cohecho activo.
Además, se realizaron 20 registros en los que se incautó de una ingente documentación que analizarán el Ministerio Público y la CICIG, cuya colaboración el año pasado fue clave en la renuncia y enjuiciamiento de varios funcionarios de alto rango del Gobierno.