Actualizado 17/12/2013 21:53 CET

Perú.- El abogado de Fujimori exige que la petición de arresto domiciliario del expresidente siente "jurisprudencia"

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Reuters

LIMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado del expresidente de Perú Alberto Fujimori ha pedido este domingo al juez Segundo Baltazar Morales establecer "jurisprudencia" en torno a la solicitud de arresto domiciliario del exmandatario con el fin de que pueda beneficiarse de esta medida, ya que su salud se ha ido deteriorando considerablemente desde que ingresó en prisión en 2009 acusado de crímenes de lesa humanidad.

"Sería la primera vez que en Perú se sentara una jurisprudencia que va a ayudar no solo a Alberto Fujimori, sino también a tantas personas que necesitan este fallo", ha dicho William Castillo.

El letrado ha aclarado que el arresto domiciliario "es absolutamente diferente al indulto (humanitario)", ya que este último es "una decisión política" que se traduce en la condonación de la pena.

"El juez tiene que pensar en el ser humano y en la vida", ha sostenido, en una entrevista a la emisora peruana RPP, recordando que "no puede actuar de ninguna manera basado en la presión".

En este sentido, ha censurado las posibles coacciones políticas al juez encargado de la petición, ya que --en su opinión-- "se pretende intimidar al juez para que no piense imparcial e independientemente".

Castillo ha insistido en que Fujimori debería cumplir el resto de su condena de 25 años de prisión desde su domicilio porque "lleva casi ocho años preso y padece una serie de enfermedades" que así lo aconsejan.

En el caso de que el juez declarase improcedente la solicitud de arresto domiciliario del exdirigente, el letrado ya ha adelantado que interpondrá una apelación "que iría incluso al Tribunal Constitucional".

Fujimori cumple una pena de 25 años de prisión por los delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado por los casos Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer Ampudia, ocurridos durante su gobierno entre 1990 y 2000.

El exmandatario también cumple otras sentencias menores por delitos de corrupción y actualmente afronta un nuevo proceso por su presunta responsabilidad en la entrega de dinero estatal para comprar la línea editorial de los llamados 'diarios chicha'.