Archivo - Movilización en apoyo a las víctimas de esterilización forzada en Perú durante la década de los 90. - Carlos Garcia Granthon / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ONG Amnistía Internacional ha valorado como una "afrenta a las víctimas" la decisión de la Fiscalía peruana de archivar la causa contra más medio centenar de implicados en la esterilización forzada de más de 4.100 mujeres durante la década de gobierno de Alberto Fujimori, condenado en otros casos por delitos de lesa humanidad y padre de la actual presidenta, Keiko Fujimori.
La Fiscalía acabó cerrando a finales de octubre de este año dicha causa en base a la controvertida ley promovida por el Congreso que prescribe los casos de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2022.
Para Amnistía, "archivar una investigación que la propia Fiscalía reconoce que involucra crímenes de lesa humanidad es una afrenta contra las víctimas que llevan casi 30 años esperando justicia" y ha advertido a Perú que "no puede utilizar una ley contraria al Derecho Internacional para cerrar el camino a la verdad".
"Esta decisión debe revertirse y la Ley 32107 debe ser derogada, para impedir que siga siendo utilizada como una herramienta de impunidad", ha reclamado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Si bien la causa alcanza a 4.172 mujeres, se estima que entre 1996 y 2000, durante el segundo mandato de Alberto Fujimori, más de 300.000 personas, la mayoría de ellas mujeres, principalmente de áreas rurales e indígenas fueron sometidas a estos procedimientos bajo engaños, violencia físicas, coacciones y amenazas.
Todo esto ocurrió en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, con el que el Gobierno pretendía reducir la pobreza mediante el control demográfico de las áreas más depauperadas de Perú. Las campañas iban dirigidas principalmente a mujeres indígenas, analfabetas y campesinas.
El Ministerio de Salud de entonces fijó metas anuales obligatorias para cada región, incluyendo presiones a funcionarios y al personal de salud para que acometieran estas intervenciones, operaciones masivas en zonas rurales en condiciones precarias e insalubres y condicionando la entrega de otros programas sociales a cambio de someterse a estos procedimientos.
La decisión de la Fiscalía ha librado penalmente a medio centenar de antiguos funcionarios y médicos, entre ellos los tres ministros de Salud de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga Recuenco, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta.
Amnistía considera que estas prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles, de acuerdo con las normas y compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
"Durante décadas, las víctimas han enfrentado obstáculos, dilaciones y decisiones que les han negado justicia. Las esterilizaciones forzadas vulneraron sus derechos a la integridad personal, la salud, la autonomía reproductiva y la vida privada y, en algunos casos, provocaron su muerte", ha señalado la directora de la delegación peruana de la ONG, Jennie Dador Tozzinni.
En marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado peruano responsable de la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand, ocurrida en 1997, así como por la falta de debida diligencia y la demora injustificada en la investigación. El tribunal reconoció que se trató de una política discriminatoria, ordenó medidas de reparación, garantías de no repetición y reconocimiento público de responsabilidad internacional del Estado.
Aquello marcó un acto de justicia para la familia de Celia Ramos, y de manera simbólica para miles de víctimas. Sin embargo, el Estado peruano, más de veinte años después de haberse iniciado la primera investigación, transmite ahora "un claro mensaje de impunidad" y de rechazo a sus obligaciones internacionales.
A pesar de ello, Amnistía considera que "todavía hay oportunidad de revertir esta decisión" y ha instado a los magistrados del país de que se aseguren de que ninguna ley nacional pasa por encima de los Derechos Humanos protegidos por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano.
"La sociedad peruana tiene derecho a conocer toda la verdad sobre estos crímenes y las víctimas a poder acceder a justicia", ha remarcado Amnistía, que ha asegurado que seguirá trabajando con las organizaciones de la sociedad civil peruana para garantizar que las autoridades cumplan con su deber.