Actualizado 11/04/2012 20:09

Un caso de violación contra los DDHH ocurrido en los años noventa podría salpicar a Humala


LIMA, 11 Abr. (Reuters/EP) -

Familiares de desaparecidos durante la lucha contra la guerrilla en los años noventa en Perú presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reabrir un viejo caso que involucra al presidente peruano, Ollanta Humala, el cual ya tuvo un alto costo político para el mandatario en el pasado.

Según documentos obtenidos por Reuters, abogados de la familia de dos personas desaparecidas en 1992, cuando Humala era capitán del Ejército y jefe de la base militar contrasubversiva Madre Mía, demandaron al Estado peruano por no investigar debidamente el proceso.

La causa fue archivada por falta de pruebas en 2009, dos años antes de que Humala ganara las elecciones en su segundo intento por llegar al poder, tras reconfigurar su imagen en la de un político centrista a favor del libre mercado.

Un eventual resurgimiento del proceso, cuya aceptación o rechazo por parte de la CIDH podría demorar años, empeoraría el clima de tensión ahora que Humala ha nombrado a varios militares en cargos claves de su Gobierno, acentuando un distanciamiento con sectores de la izquierda que integran su partido.

El escrito de 21 páginas y 81 artículos enviado a la CIDH en los primeros meses de 2010 reseña que soldados bajo su mando secuestraron a una mujer y un hombre en una localidad selvática tomada por rebeldes de Sendero Luminoso.

Los esposos Natividad Avila y Benigno Sullca fueron sacados violentamente de su vivienda y llevados a la base militar, según describe un resumen de la demanda que recoge testimonios de tres testigos y de la hermana de una de las víctimas, Teresa Avila.

Al ser consultados por Reuters, funcionarios de la CIDH no pudieron responder si habían recibido el escrito, citando normas de confidencialidad, pero tres fuentes relacionadas con la causa confirmaron su recepción.

La demanda fue suscrita por Ronald Gamarra, un abogado que actuó en un juicio contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. En el momento de firmar la petición, Gamarra era director de la ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

La CIDH puede hacer recomendaciones o bien someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), cuyas sentencias son vinculantes para los Estados adheridos a esta jurisdicción que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

CAPITÁN CARLOS

El documento presentado a la CIDH detalla que Teresa Avila habló con el "Capitán Carlos" --nombre con el cual se identificaba a Humala en la base militar Madre Mía-- para gestionar la eventual liberación de su hermana y su cuñado un día después de que desaparecieran.

Siempre, según la demanda, el "Capitán Carlos" negó la existencia de un secuestro y le dijo que preguntara en bases militares vecinas. "Fueron detenidos bajo la sospecha de ser terroristas y conducidos a la Base Militar de Madre Mía, para luego ser desaparecidos", dice el artículo 42 del documento, haciendo referencia a las declaraciones de los testigos.

En 1992, cuando ocurrieron los hechos denunciados, el entonces presidente Fujimori había disuelto el Congreso y el Poder Judicial para adjudicarse amplios poderes y gobernar con mano dura y el respaldo pleno de los militares.

"La detención se produjo en un contexto de conflicto, donde las fuerzas del Estado, practicaron la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas como estrategia de lucha contrasubversiva; situación que le impone al presente caso un cariz de sistemático", explica el documento.

Desde que el caso fue presentado en las cortes peruanas en 2006, Humala ha manifestado varias veces que no tiene nada que ver con las desapariciones. El caso Madre Mía fue desestimado en Perú después de que tres personas cambiaran su testimonio original, en el que habían declarado contra Humala. La investigación tampoco pudo probar si él estaba de guardia, lo que podría implicar que hubo soldados que actuaron por su cuenta.

Reuters consultó a un asesor jurídico de Humala sobre el caso y éste trasladó el tema al ministro de Justicia, Juan Jiménez, quien afirmó que la CIDH podría no cursar la demanda ya que el proceso judicial local se realizó correctamente. "Lo más probable es que ni siquiera (la demanda) nos sea notificada", dijo Jiménez en una entrevista en su oficina.

COSTO POLÍTICO

Humala, de 49 años, saltó a la escena política de Perú en el año 2000 cuando lideró un frustrado levantamiento militar contra el entonces presidente Fujimori, cuyo Gobierno era blanco de duras críticas tras haber salido a la luz el mayor escándalo de corrupción en la historia del país.

Simpatizantes de Humala dicen que el caso Madre Mía se hizo público en Perú para obstaculizar su primer intento por llegar al poder en las elecciones de 2006, cuando su candidatura asustó a la clase política y empresarial por sus ideas afines a la izquierda del presidente venezolano, Hugo Chávez.

En esos comicios Humala pasó a la segunda vuelta, pero perdió frente al socialdemócrata Alan García. "El hoy presidente era enemigo político del Gobierno de turno, de poderosos sectores de derecha, de la prensa y de casi todos los partidos políticos, incluidas cúpulas de izquierda", indicó el ministro Jiménez. "Fue en ese ambiente más bien hostil, en un debido proceso, que Ollanta Humala fue exonerado de responsabilidad", afirmó.

En la campaña presidencial del año 2011, el hoy presidente de Perú abandonó sus ideas nacionalistas más tajantes y sedujo a grupos de centro que, junto con un núcleo duro de izquierda, lo ayudaron a triunfar en segunda vuelta frente a las propuestas derechistas de su rival, Keiko Fujimori, hija del exmandatario encarcelado.

Pero al poco de asumir el cargo, surgieron acusaciones que lo vinculan a militares y a sectores de la extrema derecha que se oponen a la revisión de las atrocidades ocurridas durante el combate a la guerrilla en los años noventa, que dejó 69.000 muertos y desaparecidos.

Analistas dicen que Humala se siente obligado a mostrar "espíritu de cuerpo" y defender a sus compañeros de lucha y al Ejército, que afirman se ha convertido en su principal base política y que pretenden que Perú se retire de la CIDH.

"Aquí hay sectores muy duros en este país, lo que quieren es salirse del sistema y lo que estamos buscando es el equilibrio", indicó el ministro de Justicia Jiménez. Sin embargo, la presentación de la demanda a la CIDH podría frustrar los esfuerzos de Humala para encontrar ese equilibrio.

Por otra parte, organizaciones de Derechos Humanos que respaldaron a Humala han presentado más de 300 denuncias contra Perú, lo que hace al país andino uno de los mayores acusados en América Latina. La CIDH hasta ahora ha admitido decenas de ellos.

"(Se) están disparando en el pie", dijo un funcionario peruano que pidió no ser identificado, para quien la estrategia de los defensores de los Derechos Humanos de llevar a la CIDH casos sensibles para la política local puede agudizar la pelea con sectores de extrema derecha que apoyan a Humala.

Además de casos vinculados a la guerra civil peruana, el organismo también tiene denuncias relacionadas a la mayor actividad productiva y motor de la economía del país: la minería.

El pasado diciembre recibió la petición de un grupo de indígenas para que el Estado anule la adjudicación de un millonario proyecto de la empresa estadounidense Newmont, actualmente paralizado por las protestas, ya que afirman no respeta el medioambiente ni sus derechos culturales.