Publicado 07/04/2020 01:11

Perú.- La CIDH condena a Perú por las torturas y la violación cometidas por tres policías a una ciudadana transexual

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado al Estado peruano por las torturas y la violación cometidas sobre Azul Rojas Marín en 2008
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado al Estado peruano por las torturas y la violación cometidas sobre Azul Rojas Marín en 2008 - PIXABAY - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado este lunes al Estado peruano por la detención "arbitraria", las torturas y la violación cometidas sobre la ciudadana transgénero Azul Rojas Marín en 2008, cuando varios agentes de Policía cometieron estas vejaciones contra ella cuando era un hombre homosexual.

"Perú es responsable por torturas y violación sexual a una persona LGBTI por parte de agentes policiales", ha anunciado la CIDH en un texto publicado en su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo con la sentencia, el Tribunal considera que Perú es "responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Azul Rojas Marín".

Marín fue detenida "sin motivo alguno" en 2008 en la ciudad de Trujillo, en el departamento de La Libertad, en el noroeste de Perú, por tres agente de Policía que durante el arresto y el traslado a la comisaría cometieron abusos físicos y vejaciones contra la víctima por su orientación sexual, según la sentencia, difundida en la web de la CIDH.

Una vez en dependencias policiales, la sentencia ha confirmado que Marín "fue desnudada forzosamente" y "golpeada en varias oportunidades". Agrega que "los agentes estatales realizaron comentarios despectivos sobre su orientación sexual" y "fue víctima de violación sexual".

La sentencia ha explicado además que el Estado peruano "no actuó con la debida diligencia", por lo que deberá "promover y continuar las investigaciones necesarias para determinar y juzgar a los responsable de los hechos de tortura".

A su vez, ha decretado que Perú tendrá que "brindar tratamiento médico y psicológico a la víctima y pagar las indemnizaciones y sanciones pertinentes".