Actualizado 25/09/2012 05:50 CET

Perú.- La CoIDH insta al Estado peruano a remover los obstáculos para esclarecer la matanza de Barrios Altos

LIMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha instado al Estado peruano a remover los obstáculo para esclarecer la matanza de Barrios Altos, uno de los casos por lo que el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de prisión.

Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, una de las zonas residenciales de la capital peruana, Lima, cuando miembros del Grupo Colina, una fuerza de élite, mataron a 15 personas e hirieron a cuatro siguiendo instrucciones de Vladimiro Montesinos, que estaba a las órdenes de Fujimori.

Al parecer, los uniformados buscaban a un grupo de guerrilleros de Sendero Luminoso, que estaban reunidos en el segundo piso del inmueble, pero se confundieron y entraron en el primer piso, descargando sus armas contra un grupo de vecinos.

En un comunicado, la CoIDH ha informado de que ha ratificado este lunes la resolución del pasado 7 de septiembre en la que establece la supervisión del cumplimiento de la sentencia sobre el caso Barrios Altos "en lo que atañe, específicamente, a la obligación de investigar los hechos".

Por ello, el tribunal regional ha rechazado el fallo dictado el pasado 20 de julio por la Corte Suprema de Justicia, que redujo la pena a los miembros del Grupo Colina y eliminó el concepto de 'lesa humanidad' de los crímenes cometidos por la fuerza de élite en Barrios Altos.

La CoIDH ha subrayado que las acciones del Grupo Colina no solo estaban dirigidas contra "los líderes y miembros de los grupos terroristas", sino también contra "supuestos subversivos, colaboradores o simpatizantes, que formaban parte de la población civil", por lo que se trató de "un ataque indiscriminado".

Así, ha considerado que el fallo de la Corte Suprema de Justicia "es incompatible con los compromisos adquiridos por el Estado peruano en la Convención Americana sobre Derechos Humanos" porque "presenta serios obstáculos para la consecución de la medida de reparación ordenada respecto al deber de investigar los hechos".

"De no subsanarse dicha incompatibilidad, se mantendría la violación del derecho de las víctimas o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado peruano el esclarecimiento de los hechos violatorios, a través de la investigación, del juzgamiento y de la sanción de todos los responsables", ha advertido.

Además, ha apuntado que con ello se estaría incumpliendo también lo ordenado por la CoIDH, por lo que el tribunal regional "podría emitir un pronunciamiento sobre los efectos jurídicos de cualquier resolución dictada en el marco de las investigaciones del caso y, en consecuencia, mantendría la medida de supervisión".

No obstante, ha reconocido que el Estados peruano "ha llevado a cabo avances importantes en el cumplimiento de la sentencia en relación a su deber de investigar los hechos", destacando que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha presentado un recurso de amparo contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.