LIMA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Ética del Congreso de Perú ha abierto este lunes una investigación preliminar contra Kenji, hijo del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), por sus vínculos con la empresa Limasa, en cuyos almacenes se ha encontrado un alijo de cocaína.
"Sobre este temas se va a abrir una indagación y luego se decidirá si se abre una investigación de oficio", ha dicho el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias ANDINA.
La polémica en torno a Kenji se desató el pasado 11 de marzo, cuando las fuerzas de seguridad hallaron 100 kilogramos de cocaína ocultos en las estructuras metálicas de seis hornos durante el registro de la sede de Limasa en la capital peruana.
Kenji fue director de Limasa y ha reconocido que aún mantiene vínculos con la compañía de almacenaje, ya que posee el 21 por ciento de sus acciones. "Nunca dije que las hubiera vendido", se justificó en declaraciones a la prensa peruana.
El legislador de Fuerza Popular ha asegurado que "es una víctima" de este suceso y, por tanto, ha sostenido que es "el primer interesado" en aclarar lo ocurrido. "Si quieren que vaya a testificar al Ministerio Público, no tengo ningún problema", dijo.
El político opositor ha sugerido que el cargamento de droga "pudo haber sido sembrado" en los almacenes de Limasa. "Yo no descarto esa posibilidad, porque en política no hay casualidades. Esa mercadería la pudieron detectar", argumentó.
En un paso más, el hijo del ex presidente ha apuntado que podría ser una maniobra para perjudicar la tramitación del indulto humanitario que el pasado 10 de octubre solicitó su padre, basándose en su frágil estado de salud.
OTROS CASOS
Por otro lado, Lay ha informado de que también se abrirán investigaciones preliminares contra los legisladores Marisol Espinoza, Fredy Sarmiento y Wilder Ruiz, por distintos cargos, y contra otros 14 por deudas tributarias.
A Espinoza se le investigará por la filiación de su abuela al programa social Pensión 65, que entrega ayudas económicas a personas de la tercera edad que se encuentran en situación de pobreza extrema.
En el caso de Ruiz, se le acusa de haberse reunido con el ex ministro de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) Hernán Garrido Lecca para favorecer a un grupo empresarial en la adquisición de la azucarera Andahuasi.
Sarmiento, por su parte, será investigado por tener un asesor con supuestos conflictos de intereses en el negocio pesquero dentro de la Comisión de Producción de la sede legislativa.