Actualizado 30/05/2013 07:07

La Comisión de Fiscalización insiste en pedir facultades especiales para ahondar en la investigación a Toledo


LIMA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú ha vuelto a pedir facultades especiales para investigar las supuestas irregularidades cometidas por el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) a través de los negocios inmobiliarios de su suegra, Eva Fernenbug.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, ha explicado que sus miembros han acordado este miércoles solicitar al pleno del Congreso facultades especiales para ahondar en la investigación contra Toledo.

De esta forma, la Comisión de Fiscalización ha dejado sin efecto la decisión adoptada en la sesión presidida por Mariano Portugal, en la que Gana Perú y Perú Posible blindaron a Toledo, alegando que los negocios inmobiliarios de su suegra son un asunto privado.

En esta sesión los dos partidos políticos provocaron la revocación de la decisión adoptada anteriormente en la Comisión de Fiscalización para pedir al pleno del Congreso facultades especiales con el fin de investigar a Toledo por este asunto.

Toledo compareció el pasado lunes ante la Comisión de Fiscalización para explicar las compraventas de Fernenbug. El ex presidente admitió que cometió un "error" al dejar que su suegra invirtiera en Perú porque podría llevar a un malentendido político, pero aclaró que "una cosa es equivocarse y otra ser corrupto".

"Estoy aquí porque tengo mi conciencia tranquila y la quiero transmitir a los señores congresistas y al país entero. Estoy aquí porque tengo el deber moral de defender mi honor y el de mi familia", dijo Toledo ante los legisladores.

La Fiscalía General ya ha abierto una investigación por una serie de operaciones inmobiliarias que se habrían realizado con el dinero que el empresario Josef Maiman, amigo del ex presidente, habría transferido dinero desde Costa Rica y Panamá a Fernenbug y que ésta habría utilizado para comprar inmuebles en Perú sin declarar a Hacienda.

En concreto, las investigaciones de la justicia peruana se centran en la compra de una mansión valorada en más de tres millones de dólares y de una oficina valorada en más de 800.000 dólares y en la creación de una empresa en Costa Rica.