LIMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Congreso peruano ha considerado "un acierto" la dimisión del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, después de que el Gobierno cesara a la fiscal especializada que investiga a la primera dama, Nadine Heredia, por corrupción.
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, ha dicho que es "un acierto" porque "evita al Congreso el mal momento de censurarlo", algo que iba a pasar el jueves "de manera indubitable", según informa la agencia de noticias ANDINA.
Eguren ha aclarado que con la salida voluntaria de Adrianzén del Gobierno "queda sin efecto" la moción de censura presentada en su contra. "Creo que el control político que le corresponde al Congreso desde el punto de vista constitucional ha sido cumplido", ha dicho, atribuyendo la dimisión a "la contundencia de la posición marcada" por el Parlamento.
Estaba previsto que el pleno de la sede legislativa votara --y aprobara-- la moción de censura impulsada contra Adrianzén, precisamente, por sancionar a la procuradora contra el lavado de activos, Julia Príncipe, por hablar con la prensa sobre el caso Heredia.
De acuerdo con los medios de comunicación peruanos, el ya ex ministro ha preferido presentar su "renuncia irrevocable" en "aras de contribuir a la necesaria estabilidad que demanda nuestro país" para evitar el bochorno de ser cesado por el Congreso.
Prueba de que la renuncia de Adrianzén no se debe a la destitución de Príncipe, son las declaraciones que el ex titular de Justicia ha dado nada más conocerse la noticia para defender la decisión del Ministerio Público, según informa 'La República'.
Adrianzén ha considerado "intolerables" la relación de Príncipe con los medios, al tiempo que ha negado que se haya sometido a "poderes 'de facto'" para cesarla. "A lo largo de mis 23 años de carrera al servicio público he sido obediente al orden legal vigente", ha recalcado.
Príncipe, por su parte, se ha mostrado "indignada" por su expulsión de la carrera fiscal y ha advertido de que, aún así, "desenmascarará" a Adrianzén y al Gobierno. "Sé con quién estaba luchando y, por tanto, lo que podría ocurrir, y ocurrió", ha dicho.
LAS COMPRAS DE HEREDIA
La procuradora investigaba un presunto lavado de activos de la primera dama, que en los últimos años se ha visto implicada en numerosos casos de corrupción, dinamitando así sus ambiciones presidenciales para las elecciones de 2016.
La primera dama ha recuperado la atención mediática de la que había conseguido desprenderse temporalmente por las compras por valor de 38.000 dólares que ha hecho estos años en sus viajes al extranjero aprovechando el cargo.
Heredia ha argumentado que las compras eran en realidad para su íntima amiga Rocío Calderón y que, por tanto, se hicieron con una tarjeta de crédito a nombre de ésta última, descartando cualquier gasto suntuario a cargo de la Presidencia.
"Esa tarjeta de crédito fue sacada inicialmente para un encargo de Rocío que luego se convirtieron en varios y también fue utilizada para compras mías. Se generaron gastos de Rocío y míos (...) pero más o menos el 70 por ciento eran de ella", explicó a RPP.
Además, aprovechó para aclarar que "el Estado actualmente no tiene ningún tipo de asignación para cubrir gastos de vestuario y otros afines para la esposa del presidente", por lo que se los costea ella. "Ningún dinero público es utilizado en mi arreglo personal", afirmó.
También estaba siendo investigada por el dinero recibido de Venezuela y por sus vínculos con Martín Belaunde --sospechoso de conseguir contratos públicos de forma irregular-- pero la Fiscalía ha decidido suspender estas pesquisas.